La inmersión a juicio (última temporada)

El TSJC ha dictado tres sentencias que obligan a sendas escuelas a impartir al menos una asignatura troncal en castellano, aparte de la de lengua castellana. La decisión no supone ninguna novedad: en diciembre de 2022, cuando ya estaba en vigor la prohibición de aplicar "proporciones o porcentajes" en la enseñanza y uso de las lenguas, el Tribunal ya dictó una resolución del mismo tenor. Tampoco es ninguna novedad la reacción del Departament d'Educació: a cada paso que dan los tribunales en pro de la vehicularidad obligatoria del castellano, la Generalitat siempre responde con una llamada a "blindar la inmersión". La novedad de este nuevo episodio está en la extralimitación de los jueces del TSJC, que no dudan en afirmar la inconstitucionalidad de las dos normas que ellos mismos sometieron al escrutinio del Tribunal Constitucional el año pasado: la Ley 8/2022, que reconoce la posibilidad de usar el castellano como lengua "curricular", y el Decreto-Ley 6/2022, que prohíbe los porcentajes en la aplicación de esta posibilidad. Pero más allá de esa crasa extralimitación, en este nuevo pronunciamiento del TSJC hay una aportación que merece la pena analizar con cierto detenimiento. Vista la presunta inconstitucionalidad de la inmersión, en la que el uso curricular del castellano no es obligatorio, el TSJC considera que la única manera de blindar la inmersión sería convertirla en una oferta de dos líneas escolares. El separatismo escolar electivo que apunta el Tribunal es el sistema que rige en la mayoría de los países donde hay lenguas regionales o minoritarias protegidas. Se podrían citar ejemplos como el de las regiones de habla húngara de Rumanía, donde los ciudadanos tienen el derecho a escoger una educación en húngaro. Tampoco hace falta irse a la otra punta de Europa para ilustrar el sistema. En el País Vasco, las familias pueden optar no entre dos sino entre tres modelos: en el modelo A todas las áreas se imparten en castellano, excepto la de euskera; en el modelo B, unas áreas se enseñan en euskara y otras en castellano; y en el modelo D, todas las áreas se imparten en euskera, excepto la de castellano. El inglés va aparte. El modelo más solicitado es el que tiene el euskera como lengua vehicular. En el curso 2022-2023 el modelo D congregó al 83% de los alumnos de infantil, el 79% de los de primaria y el 73% de los de ESO. El modelo que tiene el castellano como lengua vehicular solo lo eligieron el 2% de los alumnos de infantil, el 3% de los de primaria y el 6% de los de ESO. Ocasionalmente, en Catalunya surgen defensores del sistema vasco. Pero más que plantearse la importación de un sistema que responde a una situación sociolingüística diferente, lo más interesante es darse cuenta de que el sistema vasco no está tan lejos de lo que el legislador catalán pretendía con la Ley 8/2022. En el País Vasco, el castellano tiene reconocida la condición de lengua vehicular, aunque la mayoría de los alumnos no curse ninguna asignatura en castellano, aparte de la lengua y literatura castellanas. Al reconocer, por primera vez en la historia, el carácter "curricular" del castellano, la Ley 8/2022 abrió un abanico de posibilidades, en el que es posible encajar tanto escuelas con "una o unas materias o asignaturas principales" en castellano (que es lo que pide el TSJC) como escuelas sin ninguna asignatura en castellano aparte de la de lengua (a semejanza del incuestionado modelo D vasco). Tiempo tendrá el Tribunal Constitucional para decidir si la Ley 8/2022 es constitucional o no. Mientras tanto, una variable que inevitablemente cabe considerar son las elecciones del 23J. En la mesa de diálogo con el Govern de Catalunya, el Gobierno de Pedro Sánchez ya prometió no interferir en la política lingüística catalana, que para la Ley 8/2022 contó con el aval decisivo del PSC. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha sugerido que forzará la aplicación del 25% de docencia en castellano en todas las escuelas catalanas. En este caso, son los ciudadanos los que deben decidir qué nivel de conflicto desean para la gestión de un tema que afecta no solo al pluralismo lingüístico en España sino a su misma concepción como Estado compuesto.

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