Desde el estallido del #MeToo en el año 2017 a raíz del caso Weinstein en el mundo del cine han sido muchos los sectores que se han ido sumando al movimiento y ampliando el radio de las acusaciones. A lo largo del último año este diario ha ido sacando a la luz la existencia de numerosos casos de acoso sexual y laboral en el mundo universitario español, gracias a la denuncia pionera de 25 investigadoras de universidades públicas que decidían romper su silencio y hacer públicos los abusos en un ámbito al que se le supone un elevado grado de excelencia y del que se espera ejemplaridad, y que en demasiadas ocasiones parece no haber asistido a la revolución liberal y vivir anclado en el feudalismo.
Hoy EL PERIÓDICO revela que los centros de investigación catalanes han recibido al menos 24 denuncias de acoso sexual y laboral desde que hace tres años, en gran medida como consecuencia del tsunami del #MeToo, se obligó a estas instituciones a tener un protocolo contra el acoso, gracias a lo cual al menos seis profesionales han sido sancionados por ejercer violencia, abuso o discriminación. No obstante no todos los protocolos son accesibles y facilitadores de las denuncias y muchos de ellos solo incluyen discriminaciones de género y no conflictos de naturaleza laboral o discriminaciones LGTIfóbicas. Además, la cifra de las casas, según expertas y afectadas, puede ser muy superior, ya que en muchas ocasiones las denuncias no se materializan de forma oficial por temor a represalias que puedan afectar a la vida profesional de la víctima, a causa de las dinámicas de poder propias de los entornos académicos.
Para evitar este nuevo perjuicio en las víctimas algunos centros de investigación, e incluso la propia revista 'Nature' en un editorial reciente, abogan por crear «buzones de chivatazos» que permitan denuncias anónimas que eviten exponer a los afectados. Se trata de una vía excepcional que puede servir para erradicar la impunidad que todavía existe en la academia y para superar el miedo de las víctimas. En Catalunya algunas instituciones como la Universitat Pompeu Fabra o el Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia ya lo están poniendo en marcha, al tiempo que se están revisando protocolos para corregir las desigualdades y asimetrías en el tratamiento de los abusos. Estos instrumentos, que de acuerdo con la nueva legislación también se están empezando a implementar en empresas de más de 250 trabajadores, resultan aún más imprescindibles en las universidades y en los centros de investigación. Porque estas instituciones no solo tienen la misión de crear y transmitir conocimientos. También tienen la obligación de tener una conducta ejemplar ante el conjunto de la sociedad y ser las primeras en promover la erradicación del acoso sexual y laboral en su ámbito, así como cualquier tipo de discriminación vinculada con la orientación sexual.
Al mismo tiempo, han de luchar contra sí mismas y contra sus vicios seculares y evitar que el miedo a las represalias y a la ausencia de promoción por culpa de viejas costumbres al margen de la legalidad no solo perpetúen situaciones injustas e inaceptables sino que, además, con una vergonzante complicidad, permitan por acción o por omisión, o incluso avalen, la impunidad de los abusadores.