Acoso en los laboratorios

Los casos de acoso en la Universidad y los Centros de investigación van apareciendo en los medios de comunicación. Esta publicidad puede ser interesante, porque debería servir para prevenir este tipo de comportamientos. Que sea noticia puede deberse también porque habría que esperar a que estos casos se den menos en instituciones dedicadas al cultivo de disciplinas de un nivel intelectual y cultural elevados. Que estos casos se dan en estos entornos parecen contradecir su propia función En las aulas y en los centros de investigación existe una situación inevitable de jerarquía entre profesor y alumno y entre supervisor y supervisado. Esta jerarquía puede hacer sentir una sensación de ventaja de la que algunos se aprovechan y que es lo que hay que prevenir, detener y castigar si se presentan. Hay casos en los que los procedimientos a seguir son relativamente claros. Puede haber acoso sexual o laboral y, cuando existe una denuncia, existe una legislación que prevé cómo se investigan y cómo se resuelven los casos que pueden llegar al sistema judicial. Las instituciones tienen (o deben tener) protocolos para tratar estos temas y códigos disciplinarios para resolverlos. En los entornos académicos y científicos existen casos más específicos, que no se contemplan en la legislación existente. El Código de Buenas Prácticas Científicas del CSIC del año 2011 dedica un capítulo a “Formación y Supervisión” en el que se describen las obligaciones del director o tutor, que incluyen el reconocimiento al trabajo del investigador en formación y las de este, que incluyen seguir los consejos del tutor o reconocer los trabajos de gestión y administración que éste puede llevar a cabo. En un entorno diverso y competitivo como es el de la investigación científica actual se puede dar lugar a una casuística muy compleja que proviene de diferentes perspectivas que tienen los diferentes actores. Una parte de esa complejidad proviene de las relaciones contractuales que tienen todos los actores. Muy a menudo la formación científica se realiza en el marco de una educación doctoral de la que un trabajo de investigación es un componente esencial. El equilibrio entre formación y trabajo de investigación puede ser interpretado de forma distinta desde las distintas perspectivas. Las antiguas becas predoctorales se están convirtiendo en contratos que en el caso de postdoctorales tienen el carácter de indefinido. Por otra parte, el supervisor muy a menudo es un funcionario público. Y la función pública tiene una normativa poco adaptada a la diversidad de relaciones que se dan en los entornos de la investigación y no facilita la investigación disciplinaria de los casos que se producen. Todo esto hace que se puedan presentar conflictos entre las perspectivas de investigadores que trabajan con fondos competitivos de los que deben rendir cuentas e investigadores en formación que son al mismo tiempo trabajadores contratados. Las expectativas de unos y otros pueden ser contradictorias y lo que para uno puede ser una exigencia normal de un trabajo de investigación para el otro pueden ser unas demandas excesivas o incluso acoso. Resolver estos conflictos no puede realizarse en términos judiciales, sino por parte de sistemas de mediación que ya se han puesto en marcha en la mayoría de las instituciones de nuestro país. También en estos entornos ya se han puesto en marcha sistemas de formación para todos los niveles de investigadores en temas de Buenas Prácticas. Los casos todavía no son muchos, pero alertan de una situación que puede deteriorar la reputación de las Universidades y de los Centros de Investigación.

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