Inversiones esenciales en riesgo en la UE

La Unión Europea (UE) se enfrenta a retos existenciales simultáneos que requieren masivas inversiones públicas anuales: transición energética verde, garantizar el futuro industrial del continente, recuperar el retraso tecnológico, asegurar su capacidad efectiva de defensa militar y contrarrestar los graves impactos cotidianos que ya está produciendo el cambio climático. A ello, hay que sumar las ingentes inversiones que se necesitan para detener el deterioro de las infraestructuras públicas y de servicios esenciales como educación, sanidad, vivienda y protección social, que no se han recuperado de los recortes de la década de la política de austeridad. El veto de Alemania y los países frugales a reformar a fondo del pacto de estabilidad y la exigencia de la Comisión Europea de comenzar los ajustes presupuestarios a partir de 2024 para reducir la deuda pública frenarán esas inversiones indispensables para asegurar el futuro económico, la seguridad y la cohesión social de la UE. La subida de los tipos de interés, que encarece la deuda pública y las inversiones, y el menor crecimiento, con Alemania y otros países en recesión, son un obstáculo adicional. Las exigencias de la Comisión Europea implican que de los 21 principales países de la UE, 14 deberán efectuar ajustes superiores a los previstos de cara a 2029 y que en ocho de esos países, incluida España, el ajuste adicional superará el 1,5% del producto interior bruto (PIB), según un informe de los economistas del 'think tank' Bruegel. Reducción del crecimiento Los ajustes que reclama la Comisión Europea reducirán el crecimiento medio anual de la eurozona por debajo del 1,2% en el periodo 2024-2028, inferior al 1,5% de media anual de la década 2010-2019, según el Instituto de Política Macroeconómica (IMK) alemán. Los sobrecostes de la propia transición verde mermarán por si solos en 0,25 puntos porcentuales el crecimiento anual del PIB, advierte el economista Jean Pisani-Ferry, próximo al presidente francés, Emmanuel Macron. Para lograr el objetivo de la UE de reducir el 55% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a 1990, se requiere una inversión pública adicional anual del 0,6% al 1,8% del PIB, además de una cifra muy superior en inversión privada, según Bruegel. En Francia, requerirá una inversión pública adicional anual de 34.000 millones hasta 2030, equivalente al 1,3% del PIB anual, que incrementará la deuda pública entre 250.000 y 300.000 millones de aquí a 2030, según el informe encargado por el Gobierno. Esto supone aumentar el peso de la deuda pública en 10 puntos del PIB, en lugar de la reducción que reclama la Comisión Europea. Este gasto público no incluye el coste de las inversiones para hacer frente a la sequía, modernizar los sistemas de riego y compensar las pérdidas de cosechas por efecto del cambio climático. Gasto anual Para cumplir el objetivo fijado en la OTAN de destinar el 2% del PIB anual a defensa, es necesario un aumento adicional del gasto anual equivalente al 0,7% del PIB de media en los países de la UE, indica el estudio de Bruegel. En España, la cifra será superior: el 1% PIB. El aumento del gasto militar, que la invasión rusa de Ucrania ha convertido en más imperativo, también casa mal con los ajustes exigidos por la Comisión Europea. La inversión adicional anual que necesita la UE sólo en materia de transformación digital para corregir su retraso tecnológico equivale al 0,9% del PIB, estima la Comisión Europea, y una parte importante de esos 142.000 millones anuales adicionales deberá proceder del gasto público. La UE además debe reaccionar a los masivos subsidios de Estados Unidos, Canadá y China a sus industrias, que ya generan deslocalizaciones europeas clave, como la megafactoría de baterías para automóvil de Volkswagen captada por Canadá. La fábrica, con 1.000 trabajadores, ha recibido una subvención inmediata canadiense de 821 millones de euros (17% de la inversión) y Canadá se ha comprometido a inyectar otros 9.000 millones de euros durante una década para subvencionar la producción. Los elevados costes e inversiones ineludibles asociados a los efectos cotidianos del cambio climático tampoco parecen ser tenidos en cuenta por la Comisión Europea. Dos ejemplos: España necesita como mínimo 23.000 millones de inversión pública para afrontar la sequía y falta de agua hasta 2027, según los planes hidrológicos aprobados por el Gobierno el pasado enero. El coste de la reciente inundación en una sola región italiana (Emilia-Romagna) ascenderá a 1.500 millones.

Lo más visto