Un paso adelante, dos pasos atrás. Así se puede resumir la situación de la vivienda en este país. Si bien toda la batería de medidas que se está impulsando desde el Ejecutivo van en la buena dirección y significa un cambio de paradigma, ahora damos un paso atrás con la medida que a bombo y platillo el Partido Socialista ha aprobado en el Consejo de Ministros sin el apoyo de ningún socio progresista: la concesión de avales públicos para sufragar el crédito hipotecario a familias con hijo a cargo y jóvenes con ciertos ingresos. Una medida que parece de entrada bien intencionada y que a primera vista parece ser positiva para que jóvenes accedan a la propiedad.Sin embargo, no es una medida novedosa. Ya existe amplia evidencia a nivel nacional e internacional de los efectos desastrosos que comportan. Canadá, Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda la han llevado a cabo desde hace décadas (el llamado Help to Buy), mientras que en España, autonomías como Andalucía, Madrid o Galicia también la han puesto en práctica. Y aquí la literatura es clara: es una medida perjudicial. Veamos.Es una ayuda inflacionista. Al reactivar el crédito hipotecario de manera artificial y dar una señal al mercado, aumentando las expectativas de revaloración de los activos, los precios de las viviendas podrían aumentar, tanto para la compra pero también, por efecto arrastre, para el alquiler. En un contexto de oferta rígida, el aval del ICO como política de demanda genera inflación.Es una medida regresiva. Aunque haya topes de ingresos para acceder a este aval. Este tope es muy alto para los ingresos medios españoles. Hablamos de 37.000€ para una persona y de 74.000€ para una pareja. Como quien finalmente concede la hipoteca es la banca, esta seleccionará los perfiles con mayores ingresos y de menor riesgo, dejando detrás a los más vulnerables. Medida que al beneficiar a personas con mejores ingresos, termina luego perjudicando a los más vulnerables por la subida de precios de los inmuebles.