Las declaraciones de Mireia Boya, directora de Canvi Climàtic del gobierno Aragonès y exdiputada de la CUP, sobre la necesidad de asumir que algunas playas del litoral catalán se harán pequeñas y desaparecerán porque es insostenible seguir aportando arena artificialmente, son una bomba de relojería y una muestra de los límites en la lucha contra el cambio climático. Las palabras de Boya no son más que la traslación a un caso concreto de la teoría del decrecimiento que trata de provocar, bajo el manto del ecologismo, la desaparición del actual sistema económico. Esta teoría, procedente de ese magma en el que se mezcla el activismo con la academia, es una propuesta intelectual que algunos podrían encontrar sugerente, pero que de ninguna manera está madura como para orientar la política concreta de una administración pública. Colau intentó aplicarla en el campo de turismo en Barcelona y la pandemia le proporcionó, sin quererlo, la experiencia de lo que podría acarrear no solo para los empresarios, sino muy especialmente para los trabajadores. Decrecer no sirve para redistribuir sino para empobrecer, a los empresarios pero también a los trabajadores, porque pone en peligro tanto los puestos de trabajo como los impuestos para pagar rentas universales.