El calvario de las víctimas del franquismo

El pasado mes de octubre se aprobó la ley de memoria democrática que sustituía a la de memoria histórica impulsada por Rodríguez Zapatero. Una ley que en 2007 perpetuó el modelo basado en el olvido de las víctimas y en la impunidad por los delitos cometidos en los años de la dictadura. Una amnesia nacida en la Transición y blindada durante los años de gobierno de Felipe González, que nunca presentó ningún proyecto de ley al considerar que, en palabras de sí mismo, Franco era historia y que la historia no podía borrarse. Un candado que Rodríguez Zapatero remachó en 1999 al afirmar desde la tribuna del Congreso que ya se había llegado al punto final de las reparaciones, y que sin embargo tuvo que abrir al necesitar apoyos para ser investido en 2004. Sin embargo, no se abstuvo de afirmar entonces que se trataba de la norma “definitiva”, sin querer asumir el gran agujero negro que suponía que leyes españolas hubieran posibilitado perseguir a sátrapas de todas partes (Augusto Pinochet, Adolfo Scilingo, Domingo Cavallo, etcétera), pero siguiera ignorando a las víctimas del franquismo. Tan desamparadas que tuvieron que recurrir a Argentina para aspirar a ser reparadas. Transcurrieron 15 años antes de que el PSOE rectificara, período durante el cual miles de represaliados llegaron al final de la vida sin verse reconocidos. Un agravio que la generosidad de las víctimas hoy todavía vivas, cada vez menos y mayores, hubiera asumido sin rencor si la nueva ley se hubiera llevado tantas injusticias pendientes. Pero el resultado ha sido decepcionante. Se ha puesto de nuevo en evidencia la falta de voluntad de la izquierda española para cuestionar, de una vez por todas, el modelo de impunidad consagrado desde la aprobación en 1977 de la preconstitucional ley de amnistía. Efectivamente, la nueva ley no ha incluido ningún tipo de modificación, a pesar de que a lo largo de décadas su vigencia ha impedido garantizar la tutela judicial efectiva de las personas que sufrieron la represión. Y no por crímenes menores, sino por los considerados de lesa humanidad, tal y como evaluó el alto comisionado de Naciones Unidas. Pero lo más hiriente han sido los argumentos empleados. Según PSOE y Unidas Podemos, la ley de amnistía había quedado obsoleta y no merecía ser modificada, porque los contenidos de la ley que han impulsado deberían ser interpretados de acuerdo con los tratados internacionales firmados por el Estado español en relación a los crímenes de lesa humanidad. Es decir, que los jueces ya no podrían rechazar otra querella. Argumento falaz, porque ya hace años que los tratados fueron firmados, y de poco recorrido, como se comprobará en un futuro inmediato, cuando alguna víctima presente una demanda ante la Audiencia Nacional y los jueces no la admitan argumentando la vigencia de la ley de amnistía y la jurisprudencia acumulada. El calvario de los supervivientes (¡en pleno 2023!) se evidencia en las largas a cómo resarcir los patrimonios, bienes incautados y un largo etcétera de expolios. Toma cuerpo a la vez en la exclusión de cualquier reparación de Puig Antich y de otros militantes antifranquistas ejecutados por el Estado antes de la muerte de Franco, o se supedita a la elaboración de estudios y auditorías sobre qué hacer en un futuro con las 134 personas fallecidas por excesos policiales (5 por torturas, 28 en manifestaciones y el resto por causa del gatillo fácil) entre 1975 y 1982 certificadas por el historiador David Ballester, máxima autoridad académica sobre la represión de esos años. Y adquiere categoría de ofensa cuando se constata que el propio gobierno que ha convertido en inamovible la negativa a ceder la comisaría de Via Laietana a fin de que pudiera transformarse en un memorial de la lucha democrática, ni siquiera cumplirá los plazos de presentación de estos informes. Todo apunta a que, una vez conseguida la aprobación de una ley que deja incólume el modelo de impunidad y no asume ninguna responsabilidad patrimonial por las sentencias anuladas, ya no tiene ninguna prisa en desplegar los pequeños avances conseguidos, los cuales en 2007 ya habían sido negados. Un nuevo peaje que se impone a las víctimas a causa de la dictadura de la demoscopia en año de convocatorias electorales. Después de todo, se pretende dejarlo correr para más adelante, para la próxima legislatura. Cuidado, pues, al regreso del ‘déjà vu ‘de 2012, cuando Rodríguez Zapatero dejó el trabajo sin hacer por el mismo motivo. Ahora, por dejadez socialista, quizá Feijóo pueda enterrar la ley de memoria democrática como Rajoy lo hizo con la ley de memoria histórica. Entonces, al gólgota de las víctimas del franquismo se añadirán las lágrimas de cocodrilo de quienes ahora son Gobierno de España.

El calvario de las víctimas del franquismo

Por dejadez socialista, quizá Feijóo pueda enterrar la ley de memoria democrática como Rajoy lo hizo con la ley de memoria histórica

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