La razón se pierde cuando en nombre de las presuntas convicciones se acaba negando la realidad. El discurso de Laura Borràs después de ser condenada por amañar unos contratos con un amigo suyo fue el mismo que hubiera hecho si la sentencia no incluyera una petición de indulto porque el tribunal considera que no tiene otro remedio que imponerle una pena a pesar de encontrarla desproporcionada. Este exquisito respeto por los derechos de una persona juzgada, propio de un Estado de Derecho, contrasta con las palabras de Borràs sobre la presunta persecución política que ha sufrido por sus ideas políticas y la injusticia de su procesamiento. La inmensa mayoría de los independentistas han entendido que a la todavía presidenta del Parlament no la han juzgado ni la han condenado por su defensa del 1-O ni por su defensa de la legitimidad del 'president' Puigdemont. Por eso siempre que convoca a los ciudadanos para apoyarla acuden cuatro gatos. Eso sí, la dirección de su partido, incomprensiblemente, asiste en pleno porque tienen pánico a que encabece esa lista cívica con la que amenaza la ANC. Este despropósito, además de empequeñecer al propio movimiento, es un insulto moral a las personas que sí que hayan podido sufrir algún exceso judicial por sus ideas políticas. Pero la justicia de los regímenes autoritarios jamás perdona una pena si logra imponerla.