El tribunal ha sido duro con Laura Borràs, condenada por falsedad documental y prevaricación, pero, además, ha dejado a la expresidenta del Parlament a merced del Gobierno del Estado que, según ella, la persigue por ser independentista. El destino es caprichoso, pero la decisión de los magistrados es malévola. La concesión del indulto que solicitan para atenuar la desproporción del castigo implicaría, también, que el sector del independentismo instalado en la retórica de la represión se reafirmara en que el perdón real es la prueba del algodón de que el juicio fue injusto y político y no un simple caso de corrupción.