Fracturas internas clave en la UE

Detrás de la unidad de los Veintisiete ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y la invasión rusa de Ucrania, se han reavivado las divisiones sobre cuestiones clave para el crecimiento y el futuro. Una es la reforma del pacto de estabilidad y sus estrictas normas sobre reducción del déficit y la deuda pública nacional, indispensable para afrontar la inversión requerida para la transición verde y recuperar el retraso tecnológico e inversor europeo. La otra es la reforma del sistema de cálculo del precio mayorista de la electricidad, la fuente de energía esencial para la transición verde y cuyo coste debe ser asumible para los ciudadanos y las empresas. La suspensión temporal del pacto de estabilidad, adoptada por la grave recesión causada por la pandemia de covid-19, expira a final de año. La Comisión Europea ha rechazado prolongarla para 2024, pese al impacto negativo que está teniendo en la economía europea la guerra en Ucrania, cuya duración se prevé larga. La guerra en Ucrania y sus secuelas han debilitado al 0,8% el crecimiento previsto para la UE en 2023, cuatro veces inferior al 3,5% de 2022, y con ocho estados con crecimiento marginal o rozando la recesión: Alemania, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, República Checa, Dinamarca y Suecia. La recesión y las ayudas públicas para amortiguar la pandemia, la crisis de los precios energéticos y las secuelas de la guerra de Ucrania han elevado la deuda pública de los estados. La deuda ha pasado de representar el 77,5% del producto interior bruto (PIB) de la UE en 2019 a subir al 85,1% en el tercer trimestre de 2022, pese a que la alta inflación ha rebajado su peso relativo. En la eurozona, la deuda ha pasado del 83,9% al 93% del PIB, con su nivel más alto en Grecia (178,2%), Italia (147,3%), Portugal (120,1%), España (115,6%), Francia (113,4%) y Bélgica (106,3%). En 2019, antes de la pandemia, en España era del 98,2% del PIB. Pacto de estabilidad Restablecer sin reformas el pacto de estabilidad abocaría a nuevas recesiones en la UE en el actual contexto de débil crecimiento, altos tipos de interés, guerra en Ucrania y conflictividad creciente entre EEUU y China. Por ello, España, Francia, Italia y otros estados del sur y el este reclaman la reforma de las reglas presupuestarias. La Comisión Europea se avino en noviembre a flexibilizar el pacto de estabilidad con ritmos específicos de reducción de la deuda para cada país. Pero Alemania y Austria lideran un grupo que defiende mantener el rigor y ajuste presupuestario. La división impidió avanzar en la reforma en el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas del 13 y 14 de febrero y se agota el tiempo. Para que entre en vigor el 1 de enero de 2024, la Comisión Europea debe presentar las propuestas legislativas específicas como muy tarde a principios de abril. En la reunión, Austria defendió que se debía volver al pacto de estabilidad sin cambios y Alemania consideró que la flexibilidad propuesta conducía a un territorio ignoto que podría perjudicar la credibilidad y estabilidad del euro. Precio de la electricidad La reforma de los precios mayoristas de la electricidad también sigue dividiendo a los Veintisiete, manteniendo un mecanismo que han demostrado ser disfuncional desde hace 20 meses y que ha obligado a los gobiernos a movilizar ayudas masivas para amortiguar el coste de la luz en los hogares y las empresas. Desde septiembre de 2021, los estados de la UE han destinado 657.000 millones de euros a amortiguar la crisis de precios energéticos, según un estudio de Bruegel. Alemania es quien mas fondos ha movilizado (264.600 millones, 7,4% del PIB), mientras que las cifras son más modestas en los otros tres grandes: Italia (92.700 millones, 5,2% del PIB), Francia (92.100 millones, 3,7% del PIB) y España (40.800 millones, 3,4% del PIB). Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Letonia, Holanda y Suecia son quienes más se oponen a la reforma, repitiendo los argumentos de las compañías eléctricas de que pondrá en riesgo el suministro y el mercado integrado. Los seis primeros han enviado esta semana una carta a la Comisión Europea instando a la cautela, en respuesta a la presión de España, Francia, Italia, Portugal y los otros países que reclaman una reforma radical para acabar con los costes desorbitados que causa el sistema actual, en que el precio lo marca la electricidad más cara producida por gas, pese a que sólo supone de media el 18% del total. La Comisión Europea también está dividida, lo que sigue retrasando la reforma anunciada en agosto.

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