El Gobierno de coalición está a un paso del desastre por una cuestión ‘a priori’ insospechable. No es por la guerra de Ucrania, o la OTAN, ni por la política económica, sino por los delitos contra la libertad sexual, algo en lo que tanto el PSOE como Unidas Podemos militan de forma parecida. Y, sin embargo, ambos son víctimas de la lectura tergiversada que en 2018 se impuso en la sociedad española sobre la sentencia que dictó la Audiencia de Navarra contra ‘La Manada’. “No es abuso, es violación” fue el grito ensordecedor que inundó las calles, pero que no tenía nada que ver con el contenido del auto que condenó a los acusados a nueve años de cárcel por abuso sexual agravado por prevalimiento. Hay que repetirlo otra vez: los jueces sí creyeron a la víctima, afirmaron que no había habido consentimiento y condenaron por diversas violaciones. Pero en la sociedad y los medios se impuso un clima de máxima hostilidad, el término ‘abuso’ pasó a ser inaceptable. La realidad es que esa tipificación no procedía del pleistoceno sino de un Código Penal que había reformado la izquierda en 1995, diferenciando entre abuso y agresión, con la violencia como elemento separador y con penas mayores en caso de penetración (vaginal, anal o bucal). La sentencia fue revisada al año siguiente por el Tribunal Supremo, que con mejor fortuna apreció violencia y condenó por agresión, elevando las penas a 15 años de cárcel.