¿Qué será de la ley del 'sí es sí'?

De la ley de libertad sexual podemos hacer tres lecturas: política, técnica y de víctimas. La lectura política: no se puede ir a elecciones con titulares de rebajas de penas. Hay que evitarlo, pero ya hay material de sobra no solo para las campañas electorales sino para el próximo 8-M. Aun así, la propia ministra de Justicia indica que ni aun con la reforma podrán evitarse otras rebajas. Se buscan responsables. La diana principal, Ministerio de Igualdad. Pero Igualdad mira a Justicia, y se publica en 'El Español' que cuando Campos era ministro dio el visto bueno a la ley. La pregunta a estas alturas es qué ha pasado en todo este proceso. Más allá de la independencia de un ministerio en la toma de decisiones, ¿en su momento todo el Gobierno estaba de acuerdo con la ley pero ahora, visto el error, se marcan distancias y equipos ? O peor, ¿se era consciente del error pero se dejó hacia delante en un proceso kamikaze? Se puede incluso apuntar a una responsabilidad política global. Cuando la ley se echó atrás en el Senado por el resto de grupos políticos no fue por la reducción de penas, sino por una simple errata en el texto. Quedan varias sensaciones: que se pensara que un ministerio de Igualdad es asunto menor, dar poca importancia a algunas advertencias, que ahora vean perder uno de los principales apoyos electorales del voto feminista o que algunos desde fuera tuvieran interés en deslegitimar una ley criticada desde su concepción. La lectura técnica nos lleva a meses de opiniones diferentes después de la unificación de los tipos. Con lo cual, si hay tantas diferencias, dentro de lo técnico parece haber algo de interpretación. En derecho, dos más dos no siempre son cuatro. La Fiscalía ya pidió su tesis de la horquilla de penas. En los juzgados vimos aceptar rebajas pero, también, negar rebajas porque con la nueva ley salían más años de condena. Hemos atendido reflexiones diferentes no solo desde la parte política sino de penalistas expertos. Para unos, la ley es perfecta con sus agravantes. Para otros, la ley no es perfecta y obliga a las rebajas. En la reforma, nos encontramos que la ministra de Justicia habla de nuevo de "violencia" y "herida" como parte probatoria. Sabemos que en un Estado de Derecho hay que ofrecer pruebas pero a estas alturas los informes forenses dicen que en un 40% de las agresiones no hay heridas y eso no implica consentimiento. Estamos en el mismo punto de partida. Deberán explicar todo esto bien porque a ver, si para resolver el tema de las penas, al final volvemos a hacer lo de siempre: perjudicar a las agredidas. Pero quizás ya no es tan relevante porque ellas apenas son un titular cuando no encuentran respuesta en la justicia o del sistema. De eso, no hay un contador. Y eso que los delitos sexuales van en aumento. De todas formas, este país siempre ha estado más preocupado por las penas que por ellas, que hasta 2022 no ha habido una ley que pensara en su proceso de recuperación. Otra cosa importante es esta alarma social a pesar de que no podemos acceder con facilidad a todos los datos de las revisiones. Llop confirmó: "En Justicia no tenemos datos oficiales, no recolectamos las sentencias". Y que "tiene resoluciones solicitadas a través de medios o gabinetes". Si esto es así, no se sabe el impacto total y solo tenemos datos parciales, ¿cómo se justifica la reforma? Esos datos permitirían saber razonamientos jurídicos, y datos reales de si estamos ante una minoría, con rebajas obligatorias, o si esas rebajas son mayoría. ¿O no interesa poner ahí la lupa? La tercera lectura, la de las víctimas. Las que tienen miedo porque sus agresores salgan. Las que están en pleno proceso de recuperación sin saber qué ocurrirá con sus agresores. Las que temen qué les preguntarán y cómo será su proceso judicial. Las que solo ven un cruce de declaraciones que les da inseguridad jurídica. Qué será de la ley y qué será de las víctimas. La sensación de incertidumbre deja una única certeza: el tremendo daño que ya se ha hecho y que es irrecuperable.

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