Cómo se suele decir, no hay más sordo que el que no quiere oír. Pasa el tiempo y no se observa reacción a un problema que clama al cielo: la falta de instrumentos para evaluar buena parte de las decisiones que confronta nuestro sistema de salud, tanto por su sostenibilidad financiera como por su solvencia, entendida como la capacidad de solventar los retos que se avecinan. En un contexto de cronicidad y multimorbilidad poblacional resultado del afortunado alargamiento de la esperanza de vida, incluidas las innovaciones tecnológicas que curan o aligeran sustancialmente la enfermedad, con incrementos de la calidad de vida, se anticipan costes prohibitivos que cuestionan el mismo sistema sanitario. Tenemos ya tratamientos para casi todo tipo de enfermedades, se lucha contra el cáncer, las enfermedades raras, ahora incipientemente contra el Alzhéimer y en aspectos genéticos de la obesidad. Todo esto, a volúmenes de actividad cada vez más elevados (de la mano de la demografía) o de los precios (la innovación), que la industria sanitaria significa por el supuesto valor que añaden. Y pese a la atormenta perfecta que se acerca sobre nuestro sistema sanitario, los responsables estatales continúan refugiados en 'nichos' administrativos, gestión politizada y retórica populista.