El 7 de marzo de 2022, poco después del inicio de la guerra de Ucrania, el precio mayorista de la luz se disparó en España hasta los 545 euros por megavatio/hora. Por aquel entonces, era el país europeo con el precio más alto, triplicando las tarifas de solo dos años atrás. Con millones de familias sin capacidad de pagar estas facturas y empresas a punto de la bancarrota, el Gobierno español se alió con el de Portugal para obtener de Bruselas el permiso para una medida histórica: limitar por decreto el precio de la energía. Tras duras discusiones, Pedro Sánchez logró su objetivo y la denominada ‘excepción ibérica’ entró en vigor el 15 de junio: de manera inmediata, el precio se desplomó y llegó hasta un mínimo de 22,34/MWh el pasado diciembre. Desde la entrada en vigor de la limitación del precio de la energía, España ha pasado de ser el país con la energía más cara a ser la más barata de toda Europa, con precios que oscilan entre un 40% y un 70% de países como Francia, Italia o Alemania. La brutal caída de precios ha permitido aligerar la presión sobre millones de hogares y otras tantas empresas, como ya sucedió con la intervención estatal del precio de la gasolina: cuando esta se disparó, la subvención directa de 20cts/ litro (una medida inédita en la historia de España) se convirtió en un balón de oxígeno para innumerables empresas. En una línea parecida, decretar la gratuidad o la rebaja de más de un 50% del transporte público ha sido una medida de choque imprescindible para aligerar la fractura de muchos hogares al borde del colapso.