La gestión del asilo y la inmigración irregular amenaza con convertirse en uno de los puntos más conflictivos del Consejo Europeo del 9 y 10 de febrero. Los países del norte de la Unión Europea (UE), encabezados por Holanda, Suecia, Dinamarca y Austria, presionan para que se exija una aplicación estricta de la Regulación de Dublín, de modo que los estados europeos del sur asuman íntegramente el registro y control de los demandantes de asilo e inmigrantes irregulares que llegan a sus territorios e impidan a esas personas desplazarse hacia otros países de la UE. La solidaridad entre los Veintisiete sigue brillando por su ausencia y la tímida propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de aplicar "un mecanismo voluntario de solidaridad” no aparece en el borrador de conclusiones de la cumbre. El anuncio del Gobierno sueco de que quiere convertir a su país en el menos atractivo para los refugiados de Europa refleja el clima dominante en la UE.