En lugar de aceptar la premisa de que es imprescindible que se aprueben unos presupuestos que siempre serán mejor que nada, conviene primero interrogarnos sobre lo anómalo que resulta que el Govern esté en manos de un partido que solo cuenta con 33 diputados sobre 135, y que ni tan siquiera ganó las elecciones. Lo normal, cuando un gobierno de coalición se rompe, como ocurrió con la salida de Junts, y el presidente se queda en minoría, es ir a buscar otro pacto de legislatura o convocar elecciones. Que Aragonès pretenda gobernar en solitario hasta 2025 con solo el apoyo de los diputados de ERC y que, en general, eso no se considere una anomalía democrática, dice mucho de cómo siguen las cosas en Catalunya. Se pretende hacer creer a la opinión pública que el PSC tiene la obligación, por responsabilidad, de apoyarlos. Los republicanos partían de esa premisa y por eso primero fueron a buscar el acuerdo con los Comuns. Iba a ser pan comido, pensaron. Cuando a principios de diciembre vieron que no sería tan fácil, llamaron a la puerta de sindicatos y empresarios para que, con súplicas a favor del acuerdo, hicieran presión sobre Salvador Illa. Lo nunca visto. No ha habido ninguna negociación presupuestaria en Madrid donde el Gobierno haya recurrido a los agentes sociales para que la oposición se avenga a votar a favor.