El 'Docugate' compromete el futuro de Biden

El Docugate se ha cruzado en el camino de Joe Biden y del Partido Demócrata en los prolegómenos de la campaña electoral que se desarrollará hasta noviembre del próximo año, cuando los estadounidenses acudirán a las urnas para elegir presidente. Los papeles encontrados en el domicilio particular de Biden, correspondientes a su etapa de vicepresidente de Barack Obama, que debían estar bajo custodia gubernamental, complican en grado sumo el discurrir de la Casa Blanca, afecta o erosiona la pretensión presidencial de optar a la reelección y suministra munición de primera calidad al Partido Republicano y a Donald Trump. Algo del todo inesperado por quienes pensaban que los republicanos y el expresidente habían salido seriamente tocados de las legislativas de noviembre pasado a pesar de la exigua mayoría lograda en la Cámara de Representantes. El nombramiento de un fiscal especial que debe investigar en qué circunstancias llegaron los papeles a la casa de Biden en Delaware abre una serie de interrogantes. En primer lugar, porque está por ver qué impacto tendrá en la opinión pública el affaire conforme avancen las pesquisas -el presidente tiene ahora un índice de aceptación que no rebasa el 40%-; en segundo lugar, porque es difícil predecir hasta qué punto el caso de Biden atenúa o modula la gravedad del de Trump, que almacenó en su retiro de Mar-a-Lago un gran número de documentos de su Administración que debían estar bajo custodia gubernamental. La estrategia de los republicanos desde ya es equiparar la situación de Trump con la de Biden, equilibrar la balanza. James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, adscrito a la facción más conservadora del republicanismo, no dejó ningún margen para dudar de las dimensiones del envite en una entrevista difundida por la CNN: “Mi preocupación es cómo hay tal discrepancia en la forma en que el expresidente Trump fue tratado al allanar Mar-a-Lago, al obtener las cámaras de seguridad, al tomar fotografías de los documentos en el piso. Eso no es un trato equitativo, y estamos muy preocupados. Los republicanos de la Cámara tenemos una gran falta de confianza en el Departamento de Justicia. De ahí la indignación”. Soslayan Comer y otros muchos que los fiscales especiales que reúnen elementos de convicción tanto en el caso de Trump como en el de Biden deben dilucidar en qué condiciones los documentos se guardaban en lugar indebido. La ley establece que solo cabe imputar la comisión de un delito a quien los retuviera en su poder a sabiendas (knowingly), es decir, fruto de un propósito expreso de quedárselos, un requisito que barajan en beneficio propio los abogados de los políticos cuya conducta está sujeta a examen. David Brooks, un experimentado cronista político de The New York Times, ha publicado un artículo en el que analiza el modus operandi en la Casa Blanca después de haber cubierto cuatro presidencias y llega, entre otras, a la siguiente conclusión: la cultura de cada Administración es diferente y la marca el presidente. De forma que no le causa mayor sorpresa la agresividad exhibida por Trump cuando aparecieron en Mar-a-Lago funcionarios del FBI para hacerse cargo de los documentos que allí había, pero tampoco le sorprende la relativa tranquilidad con la que la Casa Blanca ha afrontado el Docugate de Delaware. Dice Brooks que Biden se enfrenta así a los “extremismos heridos”, tan manifiestos desde el asalto al Congreso. Es esta una forma muy personal de decir que pretende serenar los espíritus y propagar la imagen de “integridad como ser humano y como servidor público”. Es esta última una expresión empleada por Michael Tomasky, editor de la publicación quincenal The New Republic, de perfil progresista. En su opinión, la investigación en curso es un problema político para Biden en el corto plazo, pero paradójicamente puede no serlo a largo plazo, es decir, puede beneficiarle si la conclusión final del fiscal permite deducir que “la realidad de la situación no tiene nada que ver con la realidad que los republicanos intentan describir”. Claro que la condición sine qua non para que tal cosa suceda y Biden salga airoso del episodio es que, como anticipa Tomasky, “no surja una prueba de mala conducta genuina”. Para los analistas de ambos partidos es crucial dar con una respuesta solvente a una doble pregunta: ¿obraron igual Trump y Biden o, por el contrario, su comportamiento no es equiparable? La cuestión es a la vez de orden moral y político y puede degradar o reforzar la imagen de los implicados. Entre los republicanos alienta la convicción de que si la estrategia de la equiparación arraiga en la opinión pública, Biden puede ver seriamente mermadas sus posibilidades de aspirar a la reelección y acrecentadas las de tener que competir con desventaja en las primarias frente a otros demócratas sin lastre y más jóvenes que él. Entre los demócratas se ha asentado la idea de que si Biden sale con bien de la investigación del fiscal especial, estará en condiciones de fijar un electorado dispuesto a movilizarse sin otro objetivo que cerrar el paso al candidato republicano, sea este Trump o cualquier otro. Este mecanismo movilizador es especialmente importante en minorías como la hispana y la afroamericana, en el comportamiento electoral en las grandes ciudades y en el voto de las mujeres. Aun así, persistirá la duda sobre el futuro que aguarda a Biden en razón de su edad y de su capacidad para retener el conglomerado de votantes demócratas de 2020. Y quizá solo los riesgos ciertos que conlleva abrir el melón de la búsqueda de un candidato que evite con garantías que Biden acuda a la reelección son el factor que más favorece al presidente. En la cultura demócrata pervive el recuerdo de la renuncia de Lyndon B. Johnson en 1968, las tensiones que se vivieron en el partido y la victoria final de un personaje con tan poco gancho como Richard Nixon.

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