El próximo 15 de febrero hará 48 años que falleció Pedro Perea Hernández, mi padre. Cuando lo evoco, me ratifico en mi convencimiento de que no existe una cosa llamada destino que nos fije el camino por el que transitar en nuestras vidas. Por el contrario, es la vida misma la que nos hace escoger el camino, paso a paso (al andar, que decía el poeta). 

Precisamente por este convencimiento, y frente a quienes se abandonan a alguna forma de determinismo, siempre he preferido pensar, no ya solo que las cosas no ocurren porque sí, sino que, para ser más exactos, ocurren en gran medida como resultado de nuestras propias acciones. Es un hecho que, constantemente, nuestra voluntad libre nos lleva a inclinarnos por la opción que, según la circunstancia, consideramos mejor. Por lo tanto, lo que se derive de nuestra preferencia nunca podrá ser entendido como una fatalidad inevitable, sino como el resultado de la decisión que adoptamos respecto al camino por emprender. 

Como (de nuevo) diría Machado, mi padre era un hombre, en el buen sentido de la palabra, bueno. Un soñador irreductible. Un luchador incansable. Trabajador del Ayuntamiento de L’Hospitalet (Barcelona), era un hombre de una gran inquietud social. Y esto no solo lo digo yo, sino que son palabras de sus compañeros en febrero de 1975. La hemeroteca municipal lo certifica en el artículo 'Pensiones iguales a los sueldos en favor de viudas y jubilados' y que recientemente me hizo llegar mi prima hermana Pilar, quien lo conservaba como un tesoro. 

El artículo, lamentando la muerte de mi padre, exigía a la Corporación “la concesión de una pensión íntegra a base de todo el salario real para la viuda del trabajador” y, por ende, para todos los trabajadores a partir de entonces. Esto se corresponde con la necesidad de dar respuesta a las situaciones de desamparo que sufría la viuda del trabajador en caso de jubilación y muerte de este, como era el caso de mi madre.

Desde aquel 1975 los avances han sido notables y muchos de los logros son de cuño socialista. De aquellas pensiones de viudedad del SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez) de muy baja cuantía y sin revalorizar, al despegue y modernización del sistema de la Seguridad Social con los gobiernos socialistas en el periodo 1983-1996; el incremento de las cuantías de las pensiones mínimas y su extensión a todos los regímenes de la seguridad social y la implantación de las prestaciones no contributivas en 1990. Es decir, un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos.

Uno de los avances más notables en términos de lucha contra la discriminación de la mujer tuvo lugar en 2011, cuando el gobierno socialista -con el acuerdo en el Pacto de Toledo y en el diálogo social- llevó a cabo varias medidas. Primero, completar las lagunas de la carrera de cotización en casos de interrupción de la vida laboral por el cuidado de un hijo a efectos de la pensión de jubilación. En segundo lugar, para aquella persona que cobraba una pensión de viudedad y no tenía otros ingresos o eran insuficientes, implantar que aquella se vería incrementada del 52% al 60% de la base reguladora (que para 2023 ha supuesto un incremento de su pensión del 7,1%). Y, en tercer lugar, aprobar en 2021 el complemento para reducir la brecha de género que en este año 2023 habrá tenido una reducción lineal del 10%.

Estamos hablando de que hoy más de 2,3 millones de pensionistas que cobran la viudedad han visto incrementada su pensión en un 7,1%, más el 5% por el complemento de maternidad, más un 8,5% con motivo de la revalorización de las pensiones con el IPC. Hoy, un millón ciento mil mujeres perciben el complemento de maternidad. 

Nunca hubiera imaginado ser la portavoz socialista del Pacto de Toledo en el Congreso 48 años después de aquel artículo en memoria de Pedro Perea. La lucha por las pensiones dignas y contra la estigmatización de la mujer causada por su ausencia en el mercado laboral es y ha de continuar siendo incansable.

Una lucha que resulta particularmente necesaria a la vista de que los ataques a la mujer no cesan. Son ataques desaforados, locos, de muy diverso tipo: contra nuestros derechos -como el aborto-, a la propia vida de las mujeres por el hecho de serlo o nuestra integridad personal. Todo ello nos ha de empujar a reclamar y exigir de una vez por todas acabar con esa brecha que nos lastra como mujeres. Porque hoy, más que nunca, la desigualdad de género, la brecha en salario y en las pensiones, resulta completamente inadmisible. A pesar de todos los logros, a pesar de todas las mejoras, las mujeres no tendremos libertad real hasta que no seamos iguales en derechos.

La reforma en pensiones que se está negociando en este momento es la oportunidad de oro para acabar con esta discriminación secular en la que el 50% de la población, las mujeres, somos ciudadanas de segunda. Sería una frustración que la negociación en la que se están planteando mejoras en las lagunas de cotización y que están llevando a cabo la patronal y los agentes sociales junto al ejecutivo, no llegasen a buen término.

Es hora de un compromiso cierto. Estoy convencida de que si a la ciudadanía se le plantea una propuesta con luz y taquígrafos de cómo y cuándo se acabará con ella recibirá el apoyo de la mayoría. 

Acabo como empecé. No hay casualidades en la vida. La realidad nos está haciendo ver la importancia de acabar con la insostenible discriminación de género. La realidad nos está indicando que es muy fácil perder derechos. Por ello, ante los ataques incesantes de la ultraderecha, la respuesta no puede ser otra que la de consolidar los pasos dados. Ahora toca que las mujeres seamos ciudadanas de primera.