Acierta el presidente Aragonès en su discurso de Sant Esteve al afirmar que una vez aprobadas la derogación del delito de sedición y la reforma del delito de malversación, medidas ambas que han de servir para minimizar los efectos judiciales del 1 de octubre y que en la práctica pueden interpretarse como una amnistía encubierta, hay que abrir una nueva fase de la negociación para avanzar en la resolución del conflicto político. Sin embargo, vuelve a errar en el diagnóstico y en la receta porque sigue asumiendo que en Catalunya existe un amplio consenso sobre la necesidad de resolver el conflicto votando a través de un referéndum de autodeterminación, de lo que se deduce, además, que el conflicto es entre Catalunya y España, asunciones que son del todo falaces. En Catalunya son muchos los que quieren un referéndum pero no hay consenso al respecto ni de lejos, por mucho que se haya repetido hasta la saciedad el mantra del 80%. A menos que se dé más crédito a algunas encuestas con preguntas que inducen la respuesta como las que ha hecho el CEO durante años que a la posición de los partidos parlamentarios que representan a los ciudadanos. Porque ni en los momentos más álgidos del 'procés' ni ahora ha habido nunca un 80% de diputados a favor del referéndum, en la actualidad, de hecho, al menos un 40% de diputados están claramente en contra, los de PSC, Ciudadanos, PP y Vox, mientras que los de los 'comuns`' son, como siempre, un misterio.