El poder de los ‘lobbies’ en la UE

El escándalo de corrupción del 'Qatargate' es la punta del iceberg de la inmensa influencia de los lobbies, las grandes empresas, las potencias extranjeras y los grupos sectoriales en la Unión Europea (UE) y en sus estados. La detenida exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili no sólo blanqueaba la imagen de Qatar, sino que también era la principal promotora de las criptomonedas y una diputada clave en la legislación sobre ciberseguridad. La UE no parece haber aprendido la lección de 2017, cuando se reveló la operación de corrupción para lavar la imagen del régimen autoritario de Azerbaiyán en Europa con el desembolso de 2.500 millones de euros. En el registro de lobbies de la UE figuran 12.424 organizaciones, aunque la cifra real podría ser muy superior, ya que la inscripción no es jurídicamente obligatoria, no existe una supervisión eficaz, las delegaciones que representan a gobiernos extranjeros están exentas y los bufetes de abogados esgrimen los privilegios de confidencialidad para no registrarse. En Bruselas, los lobbies registrados emplean a 48.000 personas, con un presupuesto declarado global de 1.800 millones anuales, según los datos de Transparency International. Unas 7.500 personas disponen de la acreditación formal para desempeñar actividades de lobbying en el Parlamento Europeo. Además de la presión directa (reuniones, invitaciones, viajes…) a comisarios, altos funcionarios europeos, eurodiputados, asistentes, embajadores y consejeros nacionales, los lobbies financian informes sesgados de expertos y canalizan sus mensajes a través de asociaciones y think tanks (centros de estudios), que dependen de subvenciones y que pueden publicar informes favorables y ofrecer una protagonismo destacado en los debates públicos y seminarios que organizan. En las últimas décadas ha proliferado la estrategia denominada astroturfing (derivado de una marca de césped artificial), que consiste en disfrazar una campaña de lobbying como una reacción social espontánea mediante la financiación de la actuación coordinaría de unos pocos individuos o asociaciones aparentemente diversos y con amplia distribución. Falta de transparencia Los grupos de expertos son otro mecanismo clave que usan las grandes empresas y los intereses sectoriales para condicionar las decisiones de la UE. La Comisión Europea recurre a estos grupos de expertos para elaborar la legislación y reglamentos de la UE y han estado dominados por los representantes de las grandes empresas, en detrimento del interés público y de los consumidores, como ha denunciado la Defensora del Pueblo de la UE, Emily O’Reilly. La composición de estos grupos, la falta de transparencia sobre su funcionamiento y la priorización de intereses sectoriales ha conducido en la práctica a la captura de la legislación europea por parte de las grandes compañías, como detalla el informe Corporate Capture in Europe de la entidad protransparencia Alter-EU. Los lobbies también canalizan a través de los eurodiputados sus enmiendas a la legislación. La participación, por ejemplo, de las cuatro grandes firmas auditoras en la elaboración de la legislación contable y tributaria europea explica los agujeros legales que facilitan la contabilidad creativa de las grandes compañías para eludir el pago de impuestos y la prosperidad de los paraísos fiscales dentro de la propia UE (Luxemburgo, Holanda, Irlanda). Otro mecanismo que condiciona las decisiones de la UE son las denominadas puertas giratorias, a través de las cuales los comisarios y altos cargos de la Comisión Europea y de las agencias de la UE se incorporan tras su mandato a lucrativas actividades de lobby o empleos en empresas de los sectores sobre los que han actuado. Muchos informes polémicos de las agencias de la UE a favor de pesticidas, transgénicos, productos químicos… etc., se atribuyen a los lazos de los expertos y directivos de esas agencias con las empresas, como critica la Defensora del Pueblo de la UE. Puertas giratorias El expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso fue contratado por Goldman Sachs, el banco que no había sancionado pese a que ayudó al gobierno conservador griego a ocultar la deuda y el déficit público real, lo que desencadenó la crisis de la eurozona y un coste astronómico para los ciudadanos y la UE. La excomisaria Neelie Kroes actuó a favor de Uber desde su puesto y acabó incorporándose a la cúpula de la firma, como reveló una investigación de Le Monde. El director de la Autoridad Bancaria Europea, Adam Farkas, abandonó en 2019 su puesto para dirigir la Association for Financial Markets in Europe (AFME), el lobby de la gran banca internacional. Estos son unos pocos ejemplos de una lista interminable. Las medidas de control de los lobbies varían de una institución a otra de la UE, aunque todas son muy laxas con las puertas giratorias. El primer defecto es que el registro de lobbies no es jurídicamente obligatorio y que los representantes de otros países están exentos. La Comisión Europea es la más estricta. Los comisarios y altos directivos en teoría solo pueden reunirse con lobbies registrados y deben dejar constancia pública de sus reuniones. El Parlamento Europeo es mucho menos transparente. La exigencia de dejar constancia de los contactos con lobbies se limita a los ponentes, los ponentes en la sombra y los presidentes de comité, siempre que la reunión esté directamente vinculada a la legislación de la que son responsables. En la práctica sólo el 48% de los eurodiputados hacen publicas esas reuniones. En el Consejo de la UE no hay ninguna obligación de transparencia sobre lobbies, aunque algunas Representaciones Permanentes de los estados miembros mantienen un registro público voluntario de sus reuniones con lobbies.

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