Lo fácil es colocarse en una trinchera madrileña y empezar a dar leña al Gobierno de Sánchez o a la oposición de Feijóo. Cada uno tiene parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo. También la prensa. Y también los jueces. Y si no fuera porque es una frivolidad, podríamos hablar de golpe de Estado como tantos han hecho en ocasiones incluso menos graves. El origen de este embrollo es el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) protagonizado por el PP y ante el cual, Sánchez ha querido utilizar en sucesivas ocasiones la mayoria parlamentaria para deshacerlo. Es responder a una bofetada con un escupitajo. Los antecedentes de esta situación hay que buscarlos en cómo la democracia española ha entendido hasta ahora las mayorías cualificadas, que no ha sido para generar consensos sino para repartir cuotas. De manera que, por ejemplo, el actual presidente del TC, no es un jurista bien visto por los dos partidos que le votaron sino una cuota del PP intercambiada por otra del PSOE. El resultado es un hecho que a ojos de los profanos resulta inédito y sumamente antiestético: el Constitucional ha prohibido a las Cortes que aprueben su propia reforma. Tendrá todas las justificaciones que queramos, pero es inquietante. A cualquiera de nosotros nos podría interesar que no se votara una norma que pensamos que nos perjudica.