Pedro Sánchez, Unidas Podemos y el independentismo reprocharon que, ante el ‘procés’ independentista, Mariano Rajoy, abundando en su habitual desidia, trasladara el problema a los jueces y a las fuerzas policiales. Tal subcontratación incluyó dotar al Tribunal Constitucional de poderes para perseguir a los independentistas. Rajoy optó por esa vía y renunció a la política. Ni siquiera en las dramáticas horas anteriores a la declaración del 27 de octubre de 2017 quiso abrir una senda de diálogo. Eso desencadenó la declaración del ‘president’ Puigdemont y a continuación la aplicación del artículo 155.