Lo más desconcertante de que Pedro Sánchez se avenga finalmente a reformar el delito de malversación para satisfacer a ERC es que no se ve por ninguna parte el beneficio que obtiene el PSOE. Con los Presupuestos ya aprobados, y habiendo pagado con la supresión de la sedición, esta nueva cesión solo se entiende como una compra anticipada, pensando en la próxima legislatura. Pero esa es una lógica insensata. Los republicanos no han dejado de ser separatistas, ni pedido perdón por nada, y dentro de un año podrán un nuevo precio para votar la investidura de Sánchez, si es que el líder socialista puede volver a sumar mayoría. En cualquier caso, reformar la malversación para favorecer a unos dirigentes políticos que, aunque no se hayan lucrado personalmente, gastaron dinero público en actividades que atacaban la democracia y la Constitución, es éticamente repudiable. Muchos catalanes hubiéramos preferido que se hubieran comprado unos cuantos apartamentos de lujo en lugar de atentar durante años contra la convivencia y llevarnos al punto de tensión social que vivimos en 2017.