Una empresa puede pagar lo que estime oportuno a sus proveedores. El mercado es libre. La emisión de facturas por servicios que no se han prestado ya puede considerarse un fraude, como mínimo fiscal, pues puede ocultar pagos con otra finalidad. Cuando en un lado de esas contrataciones -ya calificadas como fraudulentas por Hacienda- hay empresas adjudicatarias de concesiones públicas y en el otro, personas y empresas vinculadas a las campañas electorales de una formación política, entonces la cosa se empieza a complicar. El gran Jesús G. Albalat ha desmenuzado en EL PERIÓDICO tres informes conjuntos de los Mossos y la Guardia Civil -aquí nadie podrá hablar de 'law fare'- en los que en un lado están empresas destacadas del Ibex (Telefonica, Indra, Gas Natural, T-Systems) y en el otro la productora Triacom y sus pagos a las empresas de David Madí, el que fuera mano derecha de Artur Mas en la campaña electoral del 2010, justo en los albores del 'procés'. El núcleo del asunto son los contratos del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI) que adjudicó a Telefónica (640 millones), T-Systems (420 millones) e Indra (44 millones) y los pagos de estas compañías al entramado que las policías vinculan con la financiación de CDC (Telefónica 2,9 millones, T-Systems 735.000 euros e Indra 203.000). Estamos ante una investigación bajo tutela judicial. No hay que presuponer nada más que lo evidente: hay una amalgama de relaciones que pueden acabar resultando lícitas o ilícitas. Los tribunales dictaminarán.