El viernes pasado, 25N, día de la erradicación de la violencia contra las mujeres, una clase de primero de Bachillerato del colegio La Salle de Palma aprendió unas cuantas cosas sobre el comportamiento humano en forma de turba, cuando quiso dejar colgada una bandera española en el aula, contraviniendo de forma expresa las condiciones impuestas por el centro. Que elige víctimas a las que se considera fácilmente doblegables, como una profesora de catalán, y además, que no siempre se sale con la suya. En su papel de adolescentes, los alumnos quisieron explorar los límites de las normas y entonces recibieron un tercer aprendizaje: ignorarlas acarrea consecuencias, por lo que fueron expulsados un par de horas. En lugar de dar las gracias por una lección de vida muy oportuna si tienen planeado participar de una sociedad civilizada, algunos padres escandalizados hicieron piña con sus hijos para que les levantaran el leve castigo. Digo algunos, porque por pura estadística es imposible tanto que las treinta personas que azarosamente comparten un curso sean todas amantes del fútbol y además fanáticas de la selección española, como que la totalidad de sus familias consideren que la autoridad en un colegio emana de lo que digan los menores de edad. Estos padres irritados por una sanción disciplinaria de las miles que deben ponerse a diario en los colegios de este país formaron otro tumulto en la peor compañía, la de la ultraderecha violenta, grosera y perezosa, que solo sabe pescar en río revuelto. La fiscalía deberá analizar si las amenazas, los insultos y el señalamiento a la docente que hizo su trabajo, una valiente que el lunes regresó a su puesto, por parte de personas concretas constituyen un delito. Impagable el ejemplo de esos progenitores para formar ciudadanos caprichosos y egocéntricos, convencidos de que su voluntad es la ley. Alentando la sedición.