A los europeístas nos gusta defender a las instituciones de la Unión, incluso en los momentos más difíciles, pero también hemos de reconocer que a veces la Eurocámara se utiliza como mero altavoz para las disputas políticas internas de los estados miembros. Es lo que intentaron hacer esta semana los grupos independentistas con el asunto del 'catalangate', el presunto espionaje masivo del que fueron víctimas por parte del CNI. La cámara europea creó una comisión para saber qué había pasado con el espionaje a móviles en España mediante el programa Pegasus, del que también el Gobierno de Pedro Sánchez denunció haber sido víctima, aunque sin señalar a nadie, si bien sobre Marruecos recaen todas las sospechas. Se invitó a hablar a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, para que los eurodiputados de ERC y Junts le hicieran preguntas que, sabían, ella no iba a poder responder, porque la ley de secretos oficiales solo permite hacerlo en la comisión específica que existe en el Congreso, y en la que Gabriel Rufián participa, pero en ningún otro sitio más. Nada que no hagan los otros países europeos con sus servicios de inteligencia, pero se trataba de armar el pollo.