La Diputació de Barcelona aprobó esta semana su presupuesto: 1.241 millones. Desde 2019, la gobiernan el PSC y Junts. Tras aquellas municipales, fue el más visible de los pactos que rompieron los bloques surgidos por eso que llaman 'el procés'. Y el pacto sigue ahí, porque los activistas que condicionan a la dirección de Junts no han querido romperlo como han hecho en la Generalitat. Incluso alguno ha refugiado en la Diputació a los troles que le hacen de escuderos en las redes practicando esa forma de violencia política contra las mujeres que tanto nos repugna cuando la practican desde Vox. Pero vayamos a lo esencial. El pacto ha funcionado y ha servido para que la institución funcione siendo vital para muchas poblaciones durante la pandemia y ahora en la crisis derivada de la guerra. La Diputació siempre ha sido territorio de pactos. Entre otras cosas, porque es una institución con una limitada exposición pública, lo cual disuade a los políticos del postureo y los concentra en los proyectos eficaces y a largo plazo. Algo similar ocurre en el Área Metropolitana de Barcelona, donde el pacto es aún más amplio. También influyen las personas, como en todo. Y con gente como Núria Marín o Antonio Balmón es dificil romper un pacto. Un amigo mío explica la eficiencia de las diputaciones atribuyendo su origen a la masonería y a su preocupación por ordenar racionalmente el territorio y el poder político.