Bruselas empobrece a la UE

La Unión Europea (UE) se encamina hacia la recesión y las familias se empobrecen a causa de la resistencia de la Comisión Europea desde hace más de un año a reformar el sistema de precios de la electricidad, a desacoplar el precio de la luz del gas y a evitar precios desorbitados del gas. La Comisión Europea oculta su responsabilidad bajo el paraguas excusa para todo de la guerra en Ucrania. Pero la escalada de la luz comenzó a principios del verano de 2021, ocho meses antes de la invasión rusa. Los masivos subsidios para amortiguar el sobrecoste energético movilizados por Alemania, el país más opuesto a la reforma energética, agravan las fracturas internas de la UE y reabren heridas mal curadas de la nefasta década de austeridad, ya que los demás estados no tienen la capacidad presupuestaria para proteger a sus familias y la supervivencia de sus empresas en la misma proporción. La escalada de la luz fue impulsada por el disparo del coste del gas, el disfuncional sistema de cálculo del precio mayorista de la electricidad en la UE, en la que el gas acaba fijando el precio pese a su aportación marginal, y la especulación financiera en el mercado gasista TTF de referencia europeo, mal regulado y peor supervisado y donde el volumen del gas de los contratos negociados es 100 veces superior al gas físico que realmente se suministra. El encarecimiento de la luz, que se trasladó a todos los sectores, ha sido el principal motor de la inflación y del alza de los tipos de interés por el Banco Central Europeo (BCE). La inflación anual de la eurozona se situó en el 10,6% en octubre (11,5% en la UE), a causa del aumento del 41,5% de los precios energéticos, indica Eurostat. El BCE ha subido los tipos de interés al 2%, lo que ha llevado al Euribor al 2,85% y ha disparado el coste de las hipotecas. Inflación desbocada España y Francia son los países con menor inflación (7,3% y 7,1%), porque España aplica un tope al precio del gas en el cálculo de la luz gracias a la excepción ibérica arrancada con fórceps a la Comisión Europea y porque Francia mantiene unos precios minoristas bajos de la luz gracias al escudo tarifario y a que la empresa eléctrica EDF es pública. Con un año de retraso, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el 29 de agosto una reforma del sistema de precios eléctricos. Pero, tres meses más tarde, la reforma sigue sin concretarse, no se ha desacoplado el precio de la luz del gas, la propuesta de compra colectiva del gas se limita al 15% del total y el tope al precio del gas en 275 euros el megavatio/hora (MW/h) ––más del doble del precio actual en el mercado TTF–– habría sido inaplicable incluso cuando superó los 340 euros MW/h en agosto por sus restrictivos requisitos. Ni siquiera se ha intentado un mecanismo temporal para calcular el precio mayorista de la luz en base a los costes horarios reales de producción según su fuente, en lugar de que el precio lo fije la unidad más cara que acaba de cubrir la demanda. Tampoco se ha intentado modular el impacto del gas en el precio de la luz en base al porcentaje de su contribución real a la producción eléctrica en cada franja horaria. El gas contribuye de media sólo al 18% de la producción de la luz en la UE y en España se limita al 15%. Los retrasos de la Comisión Europea y su propuesta inaplicable de tope al gas han encarecido en dos semanas su precio el 25% en el mercado de referencia europeo TTF y es 7,5 veces superior al del 25 de noviembre de 2019, antes de la crisis de la pandemia. El precio del gas en el TTF europeo es además seis veces más caro que el de referencia en EEUU. Retraso de las reformas El retraso en las reformas ha generado un coste astronómico a los estados de la UE al tener que amortiguar el impacto de unos precios energéticos desorbitados, con el consiguiente aumento del déficit y la deuda pública y la merma de fondos disponibles para inversiones y servicios públicos. Desde septiembre de 2021 a octubre de 2022, los estados de la UE han movilizado 573.000 millones de fondos públicos para mitigar ese impacto en las familias y las empresas, mediante subsidios y reducciones de tributos, detalla un estudio del centro Bruegel. Casi la mitad de esa cifra corresponde a Alemania, con 264.200 millones, equivalentes al 7,4% de su producto interior bruto (PIB). Los otros países no pueden competir con Alemania y sus familias y empresas quedan menos protegidas: España ha movilizado 38.500 millones (3,2% del PIB), Francia 71.600 millones (2,9% del PIB) e Italia 62.500 millones (3,5% del PIB).

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