La absolución por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del expresidente del Parlament, Roger Torrent, y de los otros miembros de la mesa de la Cámara catalana, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado, del delito de desobediencia por haber permitido la tramitación de resoluciones que reivindicaban el derecho de autodeterminación, en contra del criterio del Tribunal Constitucional –que había emitido providencias–, ha de interpretarse como una buena noticia para que, en el marco de un Estado de Derecho, la institución representativa y por tanto, la que aporta legitimidad democrática al conjunto del sistema político, pueda ejercer todas sus funciones con normalidad.
Artículo de Astrid Barrio Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos
Las funciones del parlamento y la responsabilidad
No resulta aceptable que el independentismo celebre la sentencia del TSJC solo porque le da la razón y denuncie judicialización de la política y persecución cuando los tribunales no se la dan
Roger Torrent entra en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el pasado 7 de octubre. /
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