Coincide en el tiempo la chapuza jurídica de la ley del 'solo sí es sí' de la ministra Irene Montero, que no quiso hacer caso del informe del CGPJ, suscrito tanto por jueces conservadores como progresistas, en el que señalaban errores y se advertía del efecto en cascada de una rebaja de penas, con la propuesta de supresión del delito de sedición que han presentado PSOE y Unidas Podemos y, en paralelo, con la petición de ERC de reformar la malversación. De entrada, hay que decir que la vía de urgencia con la que se pretende reformar el Código Penal es una mala idea, por cuanto el mecanismo exprés evita pedir informes al CGPJ y al Consejo de Estado. Después el Congreso podrá hacerles caso o no, pero sería bueno conocer su opinión porque, más allá de las buenas intenciones, es muy problemático modificar los tipos penales para beneficiar a unas personas concretas. Llevamos días leyendo opiniones de todo tipo sobre las posibles consecuencias jurídicas de suprimir la sedición y sustituirla por desórdenes públicos agravados.