La derogación del delito de sedición, aunque sea un avance, dista por supuesto de ser perfecta. Primero, por las formas: fue anunciada por el presidente de manera poco ortodoxa, ante un periodista sospechoso, involcurado en oscuras tramas conspiranoicas. En cuanto al fondo, es evidente que para su eliminación ha habido que hacer concesiones inquietantes, como la aparición del concepto de "intimidación", que en manos de jueces sospechosos puede volverse extremadamente peligrosa. Pero este artículo no va de la discusión jurídica interminable sobre su derogación sino sobre sus impredecibles y en algunos casos devastadores efectos políticos que va a provocar. Porque lo más importante de lo que ha sucedido estos últimos días no es ni siquiera el anuncio de la derogación, coordinado entre los presidentes Sánchez y Aragonès, sino la reacción furibunda que ha provocado en sus correspondientes competidores políticos. El gran trofeo de esta medida (otro quiebro de cintura de Sánchez) es sin duda la rabia descontrolada que ha generado en la extrema derecha y especialmente en Feijóo, que se ha lanzado a afirmar, imitando a Abascal, que Sánchez "humilla" a España. El PP ha picado el anzuelo y se ha lanzado a la yugular de Sánchez, cada vez más inmune a la cólera del sistema mediático central. En el otro lado, el independentismo más radical ha reaccionado no menos encolerizado contra la derogación, argumentando que el acuerdo deja en peor posición a parte de los represaliados, especialmente al exilio.