“Somos personas adultas, no queremos ser tratadas como niños pequeños”. Se llama Raquel, tiene 30 años y tiene otras capacidades intelectuales. Su agenda es de vértigo: escuela de adultos, teatro, piscina, fútbol… pero su sueño es ser monitora de comedor infantil. Para conseguirlo, ha estudiado, se ha formado, ha realizado sus prácticas, pero nadie la contrata. Como ella, tantas. Como ellas, tantos. Esta semana me he reunido con un grupo de ellos: Raquel, Quim, Miriam, Claudia, Mireia y María. Reclaman que se les reconozca como ciudadanos y ciudadanas de primera. Ni más ni menos. 

Los y las jóvenes con otras capacidades intelectuales tienen pocas salidas laborales. También formativas. La opción que se les ofrece tras finalizar la etapa obligatoria, es la de los Itinerarios Formativos Específicos (IFE). El objetivo es facilitar la transición a la vida adulta y la inclusión social y laboral. ¿Realmente lo consiguen? No. Rotundamente, no. A partir de los 21 años, los y las estudiantes con necesidades educativas especiales no pueden acceder a los IFE. A partir de los 24 ya no podrán permanecer. Se les acaba a esa edad sus posibilidades para crecer formativamente; y el mercado de trabajo apenas demanda personas con otras capacidades, aún menos cuando se trata de otras capacidades intelectuales. ¿Por qué la formación a lo largo de la vida no “incluye” a personas como Raquel? ¿Por qué, 40 años después de la aprobación de la LISMI (Ley de Integración Social de los Minusválidos), todavía muchas empresas no cumplen con la contratación del 2% de personas con otras capacidades en sus plantillas? ¿Por qué las empresas que cumplen con ese 2% favorecen la contratación de personas con discapacidad física en contra de las que tienen discapacidad intelectual? Urge hacer cumplir la ley, y urge también ampliar el número de plazas de Centros Especiales de Trabajo y de Talleres Ocupacionales para evitar las interminables listas de espera, y para potenciar al máximo posible el desarrollo personal y laboral de estas personas. Urge mostrarles a las personas con otras capacidades intelectuales que tienen derecho a saciar sus deseos de conocimiento, formándose a lo largo de la vida, como cualquier ciudadano o ciudadana.

Raquel, Quim, Miriam, Claudia, Mireia y María me explicaron el pasado martes, de manera clara y contundente, que no son tratados como ciudadanos plenos, con sus derechos y sus deberes, que se les trata como un colectivo homogéneo, como si todos tuvieran los mismos deseos, aficiones y necesidades. Y no es así. Uno quiere ser mecánico, otra monitora de comedor, a una le encanta Harry Potter mientras que a otra le “flipa” el cine de terror… lo que les une todos y cada uno de ellos, como a cualquier otro joven, es su deseo de emanciparse, de formarse, estudiar, trabajar y construir un hogar. 

Hoy he ido a llevar a mis hijos al colegio. De regreso a casa, me encuentro con Rita. Se dirige al Centro Ocupacional. Le pregunto si le gusta. Me dice que está encantada y a continuación me pregunta: “Sonia, ¿cómo les aguantas? Yo no podría. A mí me dan miedo cuando hablan. Hay que acabar con los de Vox”. Lo afirma seria. Con conciencia de causa. Ella vivió en su propia piel el veto del PP y de Vox a la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez de sustituir el término “disminuido” por el de “discapacitado” en la Constitución. La política impacta en el día a día de Rita. Por eso sigue la política nacional y le preocupa el auge de la extrema derecha, como a ti y como a mí. Como debería preocuparle a cualquier persona que defiende una sociedad justa, inclusiva e igualitaria. Una sociedad en la que la diversidad sea siempre riqueza. Nunca discriminación y exclusión. Porque lo que nos recuerdan Rita, Quim, Miriam, Claudia, María, Mireia y Raquel con su actitud es que defender la igualdad de oportunidades para todas y todos nunca debiera ser una opción; sino nuestra obligación.