Vaya por delante que, personalmente, considero que el reglamento del Parlament que obliga a suspender a los diputados cuando son enjuiciados vulnera su presunción de inocencia. Fue un pacto de Jordi Turull, actual secretario general de Junts per Catalunya, con la CUP para expiar las culpas de Germà Gordó, para quien esta semana el fiscal ha pedido 22 años de prisión por un caso de corrupción. Suspender a un electo cuando es investigado comporta vulnerar su presunción de inocencia. Y privar a los ciudadanos que lo votaron de su derecho de representación política. Que los partidos de la transición prefirieran durante décadas taparse las vergüenzas con la corrupción no impide decir que Laura Borràs o Alberto Rodríguez no tendrían que dejar de ser diputados sin una sentencia firme. Fue el partido de Borràs y sus amigos de la CUP quienes impulsaron ese reglamento. No la pérfida Esquerra o lo que llaman 'el bloque del 155' al servicio de operaciones de 'lawfare' de los colonos que diría la presidenta suspendida. Es lo que Pujol padre llamaría un autogol.