Cinco años después de la efímera declaración de independencia resultado de la aplicación del mandato del referéndum ilegal del 1 de octubre, la tensión política en Catalunya y en el conjunto de España se ha reducido ostensiblemente pero la cuestión catalana sigue condicionando la política española. Esta circunstancia se ha hecho nuevamente patente en la suspensión por parte del PP de las negociaciones, aparentemente muy avanzadas, que debían culminar en un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el organismo fundamental para el buen funcionamiento de la justicia en España, cuyo mandato está expirado desde hacer cerca de cuatro años. En esta ocasión la suspensión no ha respondido a discrepancias en cuanto a los candidatos a vocales, como ha sucedido en las anteriores ocasiones en las que las negociaciones se ha visto bloqueadas,  sino a una cuestión ajena al asunto como es la rotunda oposición por parte del PP:  la intención del Gobierno de reformar el delito de sedición en el Código Penal.