Después de más de un año de grave crisis por el precio de la electricidad y del gas en la Unión Europea (UE), los líderes de los Veintisiete sólo consiguieron consensuar unas propuestas energéticas mínimas todavía por concretar. Los acuerdos de la cumbre europea permiten a los Veintisiete dar la imagen de aparente unidad, pero su ambigüedad y las múltiples salvaguardas del texto no garantizan una reducción efectiva y duradera del precio de la luz y del gas, que ahogan a los hogares y a las empresas europeas y que obligan a los estados a sucesivos desembolsos multimillonarios de fondos públicos para evitar una revuelta social. Ese gasto indispensable en amortiguar la crisis energética priva a los gobiernos de poder destinar más fondos para corregir los déficits en inversión, desarrollo tecnológico, educación, sanidad y cohesión social que se arrastran de la década de austeridad.