No es nuevo que desde la política se intente gestionar la memoria ajena, imponer la desmemoria con mala intención y por pura vagancia, pues resulta más fácil gobernar la 'tabula rasa'. La cabeza del prójimo como un gigantesco solar vacío, un disco duro que pueden borrar a voluntad o llenar con tonterías. Frente al derecho a conocer la verdad, algunos oponen la obligación de olvidar. El problema reside en que exigen la desaparición de recuerdos cada vez más recientes. Hay que cambiar de pantalla, que se dice ahora, a velocidades de vértigo, independientemente de la importancia de la información o los sentimientos almacenados. Se buscan ciudadanos semejantes al pez Dory, la amiguita de Nemo que olvidaba lo que acababa de decir o hacer minutos antes. Gobiernan este país personajes como el vicepresidente de Madrid, del PP, Enrique Ossorio, quien aseguró la semana pasada que las familias de los 5.000 usuarios de residencias de la tercera edad de su comunidad fallecidos en la primera ola de la pandemia «ya han pasado página». Este es su argumento para no investigar la mala o nula atención que se les dio. Qué clase de persona cree que se tardan dos años y medio en arrinconar a los padres, madres, abuelos, abuelas, vecinos, amigos, muertos en absoluta soledad y sin recibir ayuda médica. Se les llena la boca con la defensa de la familia, debe ser solo la suya propia. Ossorio ostenta además la responsabilidad de Educación, Universidades y Ciencia en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Precisamente las materias que se entienden como sumas de saber, patrimonio intelectual que pasa de generación en generación. Con un poco de suerte se le olvida ir al despacho y transcurre la legislatura sin demasiados lapsus más. Pero si los hubiera, giremos página.