El derecho a la vivienda en España está reconocido constitucionalmente aunque su ejercicio efectivo nunca ha sido garantizado por parte del Estado. Como consecuencia de la crisis económica de 2008 el problema de la accesibilidad a la vivienda, que no es un fenómeno reciente sino una constante, en particular en las grandes ciudades receptoras de migración, fue en aumento y tuvo como resultado un incremento de las ocupaciones y de los desahucios. El surgimiento de colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que denunciaban la flagrante injustica de ejecutar desahucios de personas y familias en situación de vulnerabilidad, y sus campañas como Stop Desahucios para evitar ese tipo de desalojos dieron mucha visibilidad a una problemática creciente. Se daba la circunstancia, además, de que muchas de esas viviendas eran propiedad de entidades financieras, algunas de las cuales habían sido rescatadas con fondos públicos en 2012, lo cual, en un contexto de gran descontento social alimentó, en muchos ciudadanos, un sentimiento de solidaridad hacia las personas afectadas y de comprensión hacia las acciones en contra de los desahucios. Unas acciones que, 'de facto', acababan dando lugar a situaciones de ocupación de vivienda.