Hay que reconocerle a la nueva primera ministra británica Liz Truss el mérito de haber logrado una proeza sin precedentes: hundir en menos de 24 horas la libra esterlina y las finanzas británicas en su primera intervención pública, en la que anunció una serie de medidas, entre las cuales destacaba una bajada de impuestos por valor de 50.000 millones de euros, casi el 2% del PIB británico, medida que se ha visto obligada a retirar. Truss se encargó de que su primera decisión fuera estrictamente ideológica, y casara perfectamente con el manual canónico del buen neoliberal: rebajar los impuestos a los más ricos (que en Reino Unido ya tenían un tipo impositivo razonablemente bajo del 37%) y resucitar la vieja idea de Margaret Thatcher o Ronald Reagan según la cual bajar impuestos reactiva la economía.
Curiosamente, el primero en desmentir a Truss ha sido el propio mercado que ella dice defender, castigando sin piedad a la debilitada libra. Pero lo fascinante de Truss no es su ideología, por otra parte ya muy vieja, sino su procedencia: accedió al cargo no fruto de ningún sufragio universal sino de una votación interna del Partido Conservador, en la que fue elegida por unas escasas 80.000 personas, la gran mayoría hombres blancos y ricos. Truss, pues, no ha llegado para servir a ningún pueblo sino a un elitista club ideológico, que predica desde hace décadas esta idea que hay que debilitar al Estado y fortalecer las grandes fortunas y privatizar los servicios.
Sin embargo, la irrupción de Truss es solo una expresión local de este neoliberlaismo 2.0 que, mezclado con altas dosis de populismo, es capaz de favorecer descaradamente a las élites económicas y en paralelo ofrecer a los más desfavorecidos recetas directas y fáciles de explicar en un tuit. En España, la subasta de bajada de impuestos inciada por Díaz Ayuso, y continuada por Juan Manuel Moreno en Andalucía, es la precuela nacional de Truss, salpicada con los habituales ingredientes anticatalanes. El patrón de estos nuevos-viejos conservadores es siempre el mismo: atacar al Estado desde dentro y debilitarlo para favorecer al sector privado, todo apoyado por un coro de economistas, pensadores y periodistas que vayan dando forma pseudoacadémica y mediática a sus tesis. Porque no solo en el Reino Unido, también aquí, hay quien se atreve todavía a hablarnos de "cuanto menos Estado, mejor" o simplemente a negar el cambio climático, ideas que suelen viajar en helicóptero del 'Financial Times' o equivalentes a Davos, y de allí a los asesores presidenciales para dar cobertura a sus distopías neothatcherianas.
La bomba retardada que Truss, Ayuso o Moreno quieren hacer explotar se puede explicar, por simple, en uno de sus tuits: se trata de implantar la idea de que los impuestos son nocivos, como si el Estado fuera una carga que hubiese que eliminar. Es decir, se trata de que los pobres se traguen la mentira de que su vida será mejor si el Estado ingresa menos para lograr que los ricos sean más ricos. La única forma de luchar contra esta aberración es hacer la pedagogía contraria y explicar que cuanto más fuerte y más recursos tenga el Estado, más bienestar habrá para todo el mundo, cuantos más impuestos y mejor administrados, mejor será la sanidad y la atención a los más necesitados, y cuanta más regulación, más posible será la redistribución de la riqueza. Por supuesto el Estado tiene que ser, como las empresas, eficiente, ágil y ser mucho más decidido en la lucha contra la corrupción. Si alguna cosa nos ha enseñado el Covid es que la única herramienta para salvar a millones de vidas humanas en situaciones extremas son estados fuertes, con capacidad para endeudarse. Sin impuestos fuertes, no hay Estado, y sin Estado, no hay bienestar.