Recientemente, se ha celebrado el día mundial del Alzhéimer; una patología por desgracia cada vez más frecuente, que implica un importante deterioro cognitivo y la pérdida gradual de la capacidad de tomar decisiones por uno mismo. Y, hace tan solo unas semanas, se cumplía un año de la entrada en vigor de la Ley 8/2021 que modificó de forma sustancial el estatus jurídico de las personas con discapacidad. El fin fundamental era trasladar de forma expresa y extensa a la legislación estatal el contenido de la Convención de Nueva York de 2006. Tal y como señala la exposición de motivos de esa ley el objetivo es que “las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial”.