En el enconado debate sobre las políticas fiscales que practican algunas autonomías gobernadas por el PP, Madrid desde hace años y ahora también Andalucía, se cruzan dos análisis. Primero, el puramente ideológico, porque es evidente que la eliminación de determinados tributos beneficia a las rentas más altas y castiga gravemente la recaudación, lo que va en detrimento de los servicios públicos y del carácter redistributivo de los mismos. Más allá de la discusión sobre si con el impuesto de patrimonio se vuelve a pagar por lo que anteriormente ya se había tributado, y si es o no un impuesto anacrónico, lo que resulta incuestionable es que España no puede permitirse recaudar menos. La presión fiscal en nuestro país está por debajo de la media europea y las administraciones públicas gastan más de lo que recaudan. Por tanto, como recomiendan los expertos, es necesario incrementar la eficiencia y el potencial recaudatorio del sistema tributario. Por desgracia, en nuestro país existen demasiados regímenes especiales, bonificaciones y exenciones que lo convierten en un queso gruyere.