En junio pasado, el programa Polònia de TV3 emitió una divertida escena en la que se veía a los dirigentes de los partidos que habían pactado la nueva ley de política lingüística (PSC, ERC, Junts y Comuns) celebrar el hallazgo de la palabra “curricular” para definir el uso del castellano en la enseñanza obligatoria. Para los nacionalistas el objetivo era claro: desobedecer con ese ardid la sentencia del 25%, dictada por el TSJC, o sea, impedir la enseñanza en castellano y reservar para el catalán el carácter de “vehicular”. En cambio, el PSC creía que, con esa contorsión terminológica (pues curricular es todo y nada), se abría la puerta a que el castellano fuera también lengua de enseñanza en la escuela sin llamarla “vehicular”. El inicio del curso ha evidenciado que los deseos de Salvador Illa han caído en saco roto. No solo el Govern ha evitado la aplicación de la sentencia, sino que ha decaído la aplicación del 25% en aquellos centros donde ya se impartía por la petición de algunas familias.