¿La calle contra el voto?

La manifestación del 11-S, que la policía municipal cifra en 150.000 personas, indica que en Catalunya sigue habiendo un amplio sector que –pese a los indultos y la mesa de diálogo– sigue incómodo dentro de España y aspira a una independencia rápida y unilateral. Sería tan absurdo desmerecer la manifestación como no ponerla en contexto. 150.000 son muchos, pero muchos menos que los 600.000 que la misma policía municipal contabilizó en el 2019, antes del covid. Pero lo más extraño es que, así como desde el 2012 las convocatorias del 11-S pedían la independencia, la del domingo también censuró a los partidos soberanistas –acusados de autonomistas– y principalmente al primer partido independentista, el del 'president' de la Generalitat. Así se atacó la mesa de diálogo y se pidió la dimisión del Govern y nuevas elecciones si no se iba a la independencia unilateral por la vía rápida. Está bien que la ANC diga lo que quiera e incluso pretenda «enriquecer» Catalunya con una nueva lista electoral. Pero no lo es querer usurpar la representación de la Catalunya auténtica que solo corresponde al Parlament. En una democracia la representatividad la otorga el voto y no la calle. Y en Catalunya hay elecciones libres desde 1980 y de los parlamentos han salido –con negociaciones más o menos apuradas– presidentes tan distintos como Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. Las manifestaciones son libres y más o menos numerosas. Los gobiernos que salen del Parlament tras las elecciones son legítimos. Es conveniente repetirlo porque confundir grandes manifestaciones con la voluntad popular, que luego se quiere hacer prevalecer incluso a las normas del Estado de Derecho, es lo que llevó al independentismo al grave error y al fracaso del 2017. Y ahora la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, con menos gente, parece querer repetirlo. Es más razonable lo expresado por Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural, que quiere buscar «nuevas complicidades». Pero eso es difícil depurando 'sospechosos' y sin considerar que después de 10 años no puede haber «nuevas complicidades» dentro del separatismo. En realidad, a todo el independentismo –empezando por ERC– le cuesta admitir que representa solo a la mitad de Catalunya y que si no pacta nada con la otra mitad, será muy difícil llegar a un compromiso aceptable para la gran mayoría. E imponerse en una Europa en la que uno de los pocos principios indiscutidos es el respeto a las normas del Estado de Derecho. Según la última encuesta del CEO de la Generalitat solo el 41% de los catalanes (contra el 52%) es hoy partidario de la independencia. Es lógico y legítimo que el independentismo aspire a una gran mayoría. Pero esa mayoría hoy no existe y ERC ha reconocido que no se conseguirá de la noche a la mañana y que la unilateralidad es imposible porque de ese 41% solo el 11% –contra el 28%– es partidario de la vía unilateral. ERC, por una lectura atenta de la realidad europea y de los mismos resultados electorales, ha concluido que la negociación es obligada. Pero aún no admite que la aspiración de la mitad de Catalunya es muy relevante, pero no es la voluntad indiscutible de Catalunya. Por eso retrasa la convocatoria de la mesa de diálogo entre catalanes que incluso Torra convocó una vez. Y al no reconocer que las dos mitades de Catalunya tienen los mismos derechos, fomenta indirectamente las pretensiones maximalistas del unilateralismo. Por otra parte, la presencia –satisfecha– de ‘consellers’ de JxC en una manifestación en la que se atacó al Govern deja a todos en desairada situación. ¿Es posible estar al mismo tiempo en el Govern y jalear a los que piden que dimita? Quizás sí, porque Jordi Turull, secretario general de Junts, que no es Laura Borràs, no quiere romper el Govern, aunque sí erosionar a ERC de cara a las municipales. Pero el debate de política general en el Parlament de finales de mes obligará a Aragonès y Turull a equilibrios muy confusos. Y la confusión engorda el populismo de pescadores de río revuelto que desgraciadamente medra en algunos países europeos. Suecia es el ejemplo del pasado domingo. Italia puede serlo antes de fin de mes.

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Las grandes manifestaciones cuentan; la legitimidad viene del Parlament

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