Al presidente del caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le faltan palabras. Carlos Lesmes lleva cinco años tratando de provocar a los políticos, básicamente del PSOE y del PP, para que renueven este órgano. Ni caso. Lo curioso es que los políticos no se atreven a reprochar a los jueces su responsabilidad en la parálisis. Ángeles Vázquez y Ernesto Ekaizer llevan días explicando cómo y por qué el actual CGPJ se niega a renovar la cuota que le corresponde del Tribunal Constitucional. Leyéndolos, uno llega a la conclusión de que más que jueces son expertos en la gestión del escalafón. Votan o dejan de hacerlo en función del siguiente cargo al que aspiran. Bloquean la elección para guardarse la plaza. O de eso acusan unos a otros. Da la impresión de que son profesionales del asunto. Y en algunos de sus ascensos requieren de palancas políticas. Y las utilizan. Podemos imaginar a cambio de qué. Decir esto es jugársela. Podría ser objeto de una acusación de desacato. No hay manera, pues, de juzgar a los jueces. Como ocurre en otros escalafones. No hay manera de juzgar a los catedráticos. O a los cirujanos.