¿Campaña electoral de 16 meses?

Europa afronta un momento muy grave por la reaparición de la guerra (Ucrania), el disparo del precio del gas, el miedo a que Putin cierre el grifo a Alemania este invierno y provoque una recesión en todo el continente y el alza inevitable de los tipos de interés para combatir la inflación que ya está cerca de los dos dígitos (en España los supera). Y el euro ha caído por debajo de la paridad con el dólar, lo que aviva la inflación, e indica que el BCE no podrá ser mucho menos contundente que la Reserva Federal americana. En este contexto -Macron cree que Francia afronta su peor crisis desde el fin de la guerra (1945)- sería no solo lógico sino obligado que los grandes partidos y las fuerzas sociales intentaran acercar posiciones ante un otoño y un 2023 duro y complicado. Pero no es así. La negociación social -difícil- ha dado algunos frutos, pero la polarización política acaba dominando todo. En la sesión del Congreso del jueves se convalidó por una amplia mayoría de 260 votos (que incluía al PP) el decreto que regula el régimen de los autónomos, un asunto pendiente desde hace años. Y la mayoría amplia ha sido posible porque el ministro Escrivá -competente economista- y el ATA, la principal organización de autónomos, cuyo presidente, Lorenzo Amor, es también vicepresidente de la CEOE, llegaron a un acuerdo tras largas negociaciones. Pero desgraciadamente el acuerdo sobre los autónomos, que afecta a 3,4 millones de personas, es una excepción que no marca tendencia. Por el contrario, en la convalidación del trascendente decreto de ahorro climático -España en previsión del duro invierno debe reducir su consumo de gas un 7%- la mayoría amplia ha sido imposible y el Gobierno lo ha convalidado -con condiciones- con 187 votos (más que los de la investidura) contra 161 y la oposición del PP. Los 187 votos son más jaleados que los 260. Absurdo. Una normativa urgente no se podía cocer, como la de los autónomos, a fuego lento. Pero en un Estado casi federal, con importantes autonomías en manos del PP, es tan comprensible la premura como ilógica la decisión de tirar adelante sin contacto previo con el líder del PP. Máxime cuando las medidas no podían ser muy distintas de las que adoptan otros países a requerimiento de la Comisión de Bruselas, presidida por Ursula von der Leyen, destacada política del PPE. ¿Por qué no ha sido así? Quizás porque Sánchez no quiere destacar el papel de Feijóo que, tras las andaluzas, le aventaja en las encuestas. Tampoco le es fácil. Cualquier aproximación al PP irrita a Podemos y los ‘socios’ de la inestable coalición que le apoya. Porque más que una coalición a favor se trata -y fortificada si las encuestas dicen que el PP y Vox tendrían mayoría- de un frente contra el PP. A los ‘socios’ no les gusta Sánchez, pero para todos -desde el PNV a ERC y el PDECat- es el mal menor. Mejor el PSOE que el PP. Y Sánchez no quiere arriesgar esa mayoría (negativa) para dialogar con quien no ha podido acordar, desde hace más de tres años, la obligada renovación constitucional del Consejo General del Poder Judicial. Y esta falta de contacto previo entre Sánchez y Feijóo facilitó que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, irrumpiera como una ‘insumisa’ (Madrid no se apaga) y solo rectificara a cambio de recurrir la norma al Constitucional. Y aunque las otras autonomías del PP se han comportado de forma responsable, Feijoó no ha querido -o no puede- desautorizar a Ayuso votando a favor, o absteniéndose, ante un decreto que Ayuso (y Vox) recurrirán al Constitucional. Hay elecciones autonómicas y municipales en mayo y generales dentro de, como tarde, 16 meses. Y de la misma manera que Sánchez no quiere renunciar a sus aliados ni perder un voto ‘progresista’, Feijóo no puede dividir al PP ni perder un voto de derechas. Desde el punto de vista de los dos grandes partidos, condenados o deseosos de dirigir un frente ideológico-político, todo tiene un sentido. Pero la mayoría ciudadana se sitúa en la izquierda moderada o el centro-derecha. Y sus intereses, y los del Estado, no pueden ser secuestrados otros 16 meses por las lógicas partidistas. Y menos en una grave crisis mundial. Gobernar el cuarto país de Europa debería forzar a menos sectarismo y más sentido común.

¿Campaña electoral de 16 meses?

Es absurdo –y perjudicial- que en España se jalee y aplauda más una victoria parlamentaria de 187 votos que otra de 260

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