El gas atraganta a España

Dos noticias del viernes. Una, los precios de la electricidad superan los máximos anteriores debido al fuerte calor de este verano y la disrupción en el suministro de gas generada por la invasión de Ucrania. Dos, el canciller Scholz se declara partidario de un gasoducto que una a España con Alemania a través de Francia. Este proyecto, que tardaría bastante en ser operativo, muestra la angustia alemana ante la posibilidad de que Putin corte en otoño el suministro de gas. Y así el proyecto Midcat, que estaba olvidado porque Alemania vivía cómoda con el gas ruso, Francia con su nuclear y España (Teresa Ribera) creía que el único futuro eran las renovables, manda en todas las portadas. Vamos a lo esencial. Berlín tiene miedo justificado al corte del gas ruso. El Nord Stream-1, principal gasoducto con Rusia, funciona ya solo al 20% y Putin cree que el corte total podría ser un arma disuasiva contra las sanciones occidentales. Causaría una gran recesión en Alemania, que se extendería a toda Europa y el precio del gas licuado de otros países subiría y aún la perjudicaría más. Ante este serio peligro la Comisión de Bruselas, presidida por la alemana y miembro del PP europeo Ursula von der Leyen, decidió a fines de julio que todos los países debían ahorrar un 15% de su actual consumo de gas. Pero España, por su gran capacidad de importación de gas licuado, logró que su recorte fuera solo del 7%. Y el 1 de agosto el Gobierno publicó un decreto, que no podía ser popular, para imponer límites a la refrigeración y calefacción y el apagado de los escaparates comerciales a las diez de la noche. Claro que era improvisado y podía ser mejor, pero era urgente y no podía demorarse, porque España -beneficiaria de la solidaridad europea- no podía remolonear discutiéndolo con 17 autonomías. La sorpresa no fueron las quejas -comprensibles- sino que Isabel Díaz Ayuso proclamara la insumisión –“Madrid no se apaga”-, aunque luego rectificó: cumplirá, pero recurrirá al Constitucional. El PP apoya el recurso de Ayuso, aunque varias de sus autonomías no lo interpondrán. Y Feijóo, que ha sido discreto, debe pensar que le conviene no dividir al partido y no dejar que la protesta sea capitalizada por Vox. Aunque contradiga una directriz impulsada por una relevante política del PPE. Y así hemos entrado en una áspera batalla que en un sistema autonómico (federal, poco ordenado) y con unos tribunales muy politizados puede acabar de cualquier manera. De momento, dificulta unas medidas necesarias. ¿Por qué esta sensación de inseguridad y desgobierno, que ya se vivió con las medidas contra la pandemia? Porque un sistema autonómico exige lealtad constitucional, virtud casi imposible si los líderes del PSOE y del PP, que controlan respectivamente ocho y seis autonomías, viven en guerra permanente. Sin cooperación de los dos grandes partidos el sistema se atraganta. Probablemente, una llamada previa de Sánchez a Feijóo habría encauzado las cosas e impedido el discurso populista de Isabel Díaz Ayuso. Pero no hay entre ellos la mínima confianza. Sánchez cree que Feijóo no la merece porque sigue sin renovar -dos años después del plazo- el Consejo del Poder Judicial. Y prefiere que Feijóo se atrinchere en la derecha y le cueste más morder en el centro. Y Feijóo cree que Sánchez ningunea a propósito al líder de la oposición y opta por ir a remolque de las protestas, para ni tener problemas internos ni engordar a Vox. Y una inflación del 10,8%, cuando los salarios suben en convenios un 2,5%, es terreno fértil para el malhumor. Todo tiene lógica, pero si el sistema autonómico provoca continuos litigios constitucionales en 'la España española', cómo será respetado en Euskadi y Catalunya, con Ejecutivos que quieren desbordarlo. Aunque parece que, esta vez, Urkullu y Aragonès son menos insumisos que Ayuso. Muchos sostienen que la política es implacable y que un político ambicioso debe estar dispuesto absolutamente a todo -incluso a matar a su madre- para mantenerse en el poder. O para conquistarlo. Quizás pero, en todo caso, esta guerra hispano-española, como caritativamente la define el hoy comisario europeo Josep Borrell, no beneficia a la estabilidad. ¡Peor para los ciudadanos! ¿Mejor para los líderes?

El gas atraganta a España

El decreto de ahorro energético demuestra que la total incomunicación entre Sánchez y Feijóo daña la estabilidad política

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