La política española está llegando a cotas de ridículo. La polémica a cuenta de las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno es un ejemplo. Por una parte, el Ejecutivo ha recurrido a la vieja táctica del trágala, sin una discusión o información previa, no solo con los sectores económicos afectados sino con las autonomías, que son las que deben velar porque se cumplan las normas.