Bienvenidas sean las mejoras del Reglamento de la Ley de Extranjería aprobadas el pasado martes. Cambios que han visto la luz pese a algunas reticencias del Ministerio del Interior y sin que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se prestara a negociar su contenido ni con los sindicatos ni con las organizaciones empresariales que, desde hacía tiempo, solicitaban algo tan básico como mecanismos ágiles de contratación de extranjeros, o que quienes ya poseen permiso de residencia o de estudios en España puedan acceder fácilmente al permiso de trabajo. Y es que, históricamente, la gestión de la inmigración en España, en lugar de priorizar la lógica demanda de que sea fácil contratar, regularizarse o traer de su país a un inmigrante para que esté con papeles desde el primer día, y que estos, una vez han adquirido permiso de trabajo y residencia, no caigan en la irregularidad sobrevenida, ha optado muchas veces por el punto de vista digamos policial, de que hay que ponerlo difícil para evitar un supuesto efecto llamada. Vimos claramente esta contradicción con los menores no acompañados que, a los 18 años, tras formarse en España, se topaban con la dificultad o imposibilidad de conseguir permiso de trabajo, lo que abocaba a muchos de ellos no solo a la irregularidad, sino a tener que buscarse la vida de otra manera. Algo que afortunadamente se subsanó hace unos meses.