A pesar de que, desde la benéfica concesión de los indultos, la temperatura del conflicto sobre la cuestión catalana ha bajado muchísimos grados, sigue quedando pendiente el futuro de los políticos que están fuera de España. Su futuro judicial es aún incierto, aunque lo que es bastante seguro –lo dijo en mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea– es que si vuelven serán detenidos, juzgados y probablemente condenados, pese a que la oportunidad de absolución o condena por un delito distinto no se puede excluir. Cada proceso penal es autónomo, lo que quiere decir que la sentencia del Tribunal Supremo condenando a los demás no tiene efectos directos sobre el nuevo proceso. Y si se quedan en Bélgica, el problema es que aunque la justicia belga falle a favor de no entregarlos a España, moverse de Bélgica sería un tremendo riesgo, no si gozan de inmunidad, pero sí en caso de que algún día ya no la posean. Y lo lógico es que quieran buscar la manera de volver, algún día, a sus casas.