El caso de Laura Borràs, a punto de ser acusada por la Fiscalía a instancias del TSJC de cuatro delitos, a punto de recibir una citación para el juicio oral sobre prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación de fondos públicos, promete una avalancha de perlas políticas que apenas han empezado a enfilarse y que podrían derivar en una gravísima crisis institucional. La “poderosa” Laura (el adjetivo no es mío, sino del recurso de la presidenta del Parlament contra el cierre de la instrucción judicial) ha decidido, sin tapujos, por la identificación entre ella y la nación, entre su supuesta mala praxis administrativa y el destino de todo un pueblo. Es perseguida y será juzgada no porque hubiera “concentración” de intereses entre ella y el beneficiario de los contratos troceados, sino porque la mano oscura de los jueces (que ciertamente lo es en otros casos) atenta contra ella como salvadora de la patria. Al otro lado, Marta Rovira dice que "el apoyo a ciegas" no vale. Una cosa es la represión y otra el artículo 25.4 del reglamento del Parlament. Se acercan días de agitación en el mar, ya muy revuelto, de la frágil embarcación gubernamental, mientras se decide si Borràs navega o naufraga.