Personal precario, organizaciones inamovibles

El Congreso de los Diputados ha aprobado, sin ningún voto en contra, una reforma de la Ley de la Ciencia que, ella también, había sido aprobada por práctica unanimidad en 2011. La Ley se centra en un cierto número de temas, en particular en regular la contratación de científicos en los inicios de su carrera. Dejan de lado otras cuestiones que también son esenciales para el funcionamiento de la investigación científica. Quizás han ignorado los temas más conflictivos, pero son tan importantes como los demás. Uno de los temas que plantea la reforma de la Ley de la Ciencia que el Congreso de Diputados ha aprobado es el establecimiento de un sistema de contratación que debería estabilizar la situación laboral del personal en las primeras etapas de su carrera. El trabajo de un profesional de la investigación comienza con su tesis doctoral que suele durar unos cuatro años. Para un profesional de la investigación, la etapa posdoctoral es la que permite empezar a trabajar con cierta independencia. En muchas disciplinas se aconseja que se desarrolle en un lugar diferente al de su formación, a menudo en el extranjero, y en alguna disciplina complementaria. Los 'postdocs' son en muchos países la fuerza de trabajo más creativa del sistema de investigación. Actualmente la investigación pública se financia por proyectos de duración determinada, por ejemplo, tres o cuatro años, que pueden incluir fondos para contratar a estudiantes o posdoctorales. La nueva ley propone que los contratos laborales sean indefinidos desde el inicio lo que parece contradictorio con esta situación. Pero es cierto que, si el número de posdoctorales es grande y las posibilidades de estabilización son limitadas, se crea una población de personal formado que va saltando de un contrato a otro indefinidamente. Esto es lo que parece tratar de solucionar la Ley, pero la situación puede ser difícil de gestionar para aquellos que contratan, Universidades o Centros de investigación, que probablemente tendrán que retener fondos para indemnizar los despidos cuando acaben los proyectos. La Ley opta por un sistema rígido y funcionarial en lugar de un sistema abierto y dinámico en el que los jóvenes investigadores puedan encontrar sus oportunidades en la investigación, pero también en el sector privado o en las Universidades. La Ley reforma cuestiones como la incorporación de candidatos extranjeros a puestos de trabajo en España o los mecanismos de justificación de los proyectos financiados con fondos públicos, lo que puede facilitar el trabajo de los gestores de la investigación y se habla de la igualdad de género o la ciencia abierta. También se habla en términos generales de aumentar los fondos de investigación para acercarlos a los estándares europeos. En cambio, no se plantean reformas en los organismos que gestionan el grueso del gasto en investigación que hace el Estado español. Tanto la Agencia Estatal de Investigación, que en 2022 gestiona 1.400 millones de euros, como el CSIC, que gestiona 1.100, están en un limbo legal después de la supresión de las Agencias estatales en 2015, sus dificultades de gestión son bien manifiestas y la reforma de la Ley de la Ciencia no se lo plantea. Uno de los hechos destacados de la nueva ley es que ha sido aprobada por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios. Podría parecer que la mayoría de los grupos políticos está en consonancia con los objetivos de la reforma y eso podría ser una buena noticia. Pero puede ser justo lo contrario, que los grupos parlamentarios la consideren tan poco relevante que no necesitan ni expresar su oposición. Si tenemos en cuenta lo ocurrido con la Ley de 2011, aprobada también por práctica totalidad de los parlamentarios, el hecho es que los grupos políticos que llegaron al poder la aplicaron de forma parcial olvidando los aspectos que no les interesaban. Por otro lado, los compromisos presupuestarios y de personal se hacen cada año y por tanto las declaraciones a medio plazo suelen ser de una valía muy relativa. Vemos por tanto que lo que ha sido aprobado tiene algunos objetivos que pueden ser interesantes, no ataca algunas de las principales carencias de la ciencia española y deja a la buena voluntad de los Gobiernos sucesivos las decisiones importantes. No hay mucho nuevo bajo la capa del cielo.

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